La huelga de dos días en la sanidad pública madrileña está teniendo un altísimo seguimiento. Aproximadamente el 80% de los 75.000 trabajadores del sector llamados a hacer huelga ha respaldado la convocatoria de lucha contra la reestructuración planteada por la Comunidad de Madrid. Esto se ha dejado notar durante toda la jornada, a pesar de unos servicios mínimos del 35%. El paro continuará mañana y se repetirá los días 4 y 5 de diciembre. Asímismo, la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) convocó con anterioridad una huelga de cuatro días que se prolongará hasta el jueves.
El principal motivo de esta huelga es el previsible despido de más de 8.000 trabajadores interinos y eventuales de los hospitales y centros de salud madrileños. Despidos que son solo la primera de las consecuencias de los salvajes recortes impulsados por el gobierno de la comunidad: Privatización de la gestión de seis hospitales construidos en 2008 y 27 centros de salud, concentración de los laboratorios en solo cuatro centros, transformación del hospital Carlos III en centro de media y larga estancia… El plan, por tanto, supone un cambio radical en el modelo sanitario, dirigido plenamente hacia la privatización. Los carteles de protesta, en forma de esquelas para la sanidad pública con la fecha de presentación del plan, cubren las paredes de los recintos sanitarios.
El gobierno de Ignacio Gonzalez Pons no hace sino continuar con la funesta política de desmantelación sanitaria que comenzó su predecesora, Esperanza Aguirre. Esta, en sus nueve años en el cargo, abrió diez hospitales, pero ninguno del Gobierno regional, que solo se encargaba del personal. Tres comenzaron siendo desde un principio de gestión privada. Los otros siete son propiedad de constructoras, inmobiliarias, empresas de gestión sanitaria con bancos como accionistas y fondos de capital riesgo con sede en Luxemburgo. Todos ellos cobran a la Comunidad un canon por su gestión. Ahora, seis de estos siete centros (todos excepto el Puerta de Hierro) pasarán a ser enteramente privados. Los restantes, externalizarán todos los servicios no sanitarios. Además se privatizarán por primera vez el 10% de los 400 ambulatorios de la comunidad.
Esto supone además que, los empleados que no sean despedidos, dejarán de ser empleados públicos para pasar a ser personal de las empresas concesionarias, principales beneficiadas de la reestructuración. La idea es que cada vez más la administración paga a entidades privadas para que gestionen los hospitales, lo que supone un trasvase de dinero del sector público al privado, dejando la gestión de la sanidad en manos de unas lógicas mercantiles que en la mayoría de casos se oponen a las necesidades de los usuarios de la sanidad. No por casualidad en 2008, el entonces consejero de sanidad Juan José Güemes, en una jornada en el hotel Ritz titulada “Aproveche las oportunidades de negocio para su empresa”, contestó a las preguntas de los empresarios sobre la posible gestión privada de los centros de salud.
Las evidencias más claras de este expolio a la sanidad pública, además de la propuesta del euro por receta, las sufrirán los pacientes del Carlos III, especializado en enfermedades infecciosas y tropicales, y La Princesa, un centro general con cerca de 40 especialidades. El primero se convierte en centro de media y larga estancia, mientras el segundo pasa a especializarse en geriatría. Con todo, las protestas en defensa de este último han logrado en los últimos días evitar que La Princesa dejase de atender a otro tipo de pacientes, como pretendía el Gobierno de González Pons.
Consecuencias menos evidentes son, por un lado, el encarecimiento del servicio (la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública denuncia que los convenios cuestan a los madrileños entre 7 y 8 veces más que los centros públicos). Por otro lado, el negocio que se contruye sobre la salud de los madrileños. Sobre los beneficiarios de la privatización de la sanidad pública, recomendamos leer este artículo del diario digital Público, que extiende la información sobre quién se beneficia realmente de esta reestructuración.
Por último, merece la pena destacar la vehemencia con que el PP ha contestado a las críticas vertidas en contra de este plan, incluyendo una campaña contra la huelga sanitaria mediante un video en Youtube. Parece ser que el enriquecimiento y los negocios de unos pocos a costa de la salud y los ahorros de la mayoría bien merece estas tácticas.
