Con el caso Bárcenas, el pútrido aroma del sistema parlamentarista ya llega a las fosas nasales de una buena parte de la sociedad. La indignación salpica, en mayor o menor medida, a todos los medios de comunicación; hasta los más serviles parecen dar cierta concesión a la rabia desestructurada y desideologizada de una gran parte de la población. Sueldos en B, sobres con sumas de 1.000 euros a la bases hasta 15.000 euros a la cúpula del partido —de los que no se salva ni el mismísimo presidente del Gobierno; los veintidós millones de euros de Bárcenas en Suiza, su posible aprovechamiento de la amnistía fiscal para limpiarlos, sus chalets y propiedades repartidas por toda la geografía ibérica… Y sin embargo, algo no se oye en los medios. Los tertulianos se mesan las barbas y los cabellos reclamando dimisiones inmediatas, auditorías internas e investigaciones de la fiscalía con vehemencia. Los sectores populares medianamente críticos piden la cabeza del líder popular y de todos sus adláteres reaccionarios; se crean peticiones populares para tal fin que llegan al cuarto de millón de firmas a menos de un día de su creación; se realizan concentraciones en las sedes del PP en las principales ciudades del país; hasta se pretende ocupar de nuevo las plazas públicas en una especie de resurgimiento romántico de la rebeldía ciudadana… Pero algo queda por contar, o al menos es esa la impresión que queda después de tragarse todo el fervor periodístico y de regeneración pretendidamente democrático del sistema.
Empero, ¿qué es lo que no está acaparando una cuota de pantalla siquiera igual a toda la retahíla de cosas que he nombrado anteriormente? Evidentemente se esconde lo más desestabilizador del asunto: el papel y la influencia del gran capital, de las grandes empresas nacionales y supranacionales, en los gobiernos de la democracia capitalista y estatal. De tal manera, el Estado no es más que una suerte de títere que intercede a favor de los grandes bolsillos y que se reflejan fehacientemente en el parqué bursátil. Todavía no he visto a ningún comentarista y creador de opinión pública echar pestes sobre las grandes empresas con tanta fuerza con la que tira guijarros punzantes a la cabeza de, según su propia terminología, la casta política, que no es sino el brazo ejecutor de la casta capitalista, es decir, del capital. Más que centrar la crítica sobre los sobres, las cuentas en Suiza, etcétera, acciones que son sólo consecuencias, se debe centrar ésta sobre la causa, que, como digo, no es otra que, nuevamente, el paradigma mercantil y estatal. No es casualidad que se concedan ventajas de todo tipo a empresas como Mercadona, del idolatrado capitalista Juan Roig —de la cual todos sabemos su currículo de explotación laboral y denigración humana—, Sacyr Vallahermosa, OHL, Ploder, Bruesa, entre tantas otras. Este hecho no se puede achacar, sería extremadamente irresponsable, a un caciquismo exclusivo del ámbito nacional, pues este corporativismo fuerzas estatales-fuerzas capitalistas viene dándose desde el mismo inicio de este modelo crematístico, es decir, de ponderación de la mercancía.
De este modo, una crítica radical, en cuanto que va a la raíz del dilema, no puede quedarse en la superficialidad socialdemócrata o en la estulticia de los sectores de la derecha, no, como siempre ha de ir más allá, ha de apuntar directamente a los culpables: el Estado y sus dueños, a los que de verdad éste primero representa en cada una de sus decisiones. La corrupción, por tanto, es imposible de erradicar mientras existan estos dos entes interdependiente el uno del otro. Pretender su eliminación con un simple cambio de actores en el teatro parlamentario responde, simplemente, a una concepción obtusa del papel del Estado. En definitiva, no hay cabida para buenismo ni confianza en un sistema que se ha demostrado incapaz de moldearse a sí mismo. Se ha de reclamar lo que se viene reclamando desde hace mucho en los ambientes antiautoritarios: ¡Autogestión, autogestión y autogestión! Autogestión de los trabajadores de su medio de trabajo, autogestión de las gentes de sus relaciones sociales y democráticas y autogestión, en fin, de nuestra propia vida.
