Eduardo Pérez
“A los jóvenes del 15-M: fundad un partido y nosotros os lo financiaremos para que seáis como el resto” (El Roto)
De un tiempo a esta parte, se vienen repitiendo en algunos ámbitos de los movimientos sociales de izquierda análisis que propugnan, de una forma u otra, dar el salto hacia la política institucional. Por otro lado, la socialdemocracia clásica (IU y sus variantes) redobla su discurso, ya conocido, de intentar cooptar a estos movimientos sociales. Mientras que los intentos de IU, presa del recelo que despierta su papel histórico y su estructura interna, por el momento no han tenido mucho éxito, Catalunya ha sido el espacio de experimentación del autodenominado “caballo de Troya” en las instituciones del régimen. Características específicas de Catalunya, como el auge autodeterminista y la “necesidad de posicionarse en un momento histórico”, así como la habilidad por parte del independentismo de izquierda para abrirse a sectores de los movimientos sociales de los que ya formaba parte, con una práctica más horizontal que la acostumbrada por las verticales estructuras partidistas, ha favorecido que el “salto” se haya producido allí antes que en otro territorio.
Es probable que entre los activistas que defienden la participación institucional podamos encontrar personas ávidas de poder, fama o simplemente un sueldo digno, cuestiones que el ingrato activismo de base desde luego no garantiza. Sin embargo, para entender este cambio de discurso en unos movimientos sociales que tradicionalmente rechazaban o al menos ignoraban la participación en los órganos políticos del régimen, no basta con reduccionismos simplistas sino que hay que referirse a la situación política que se vive en el Estado español.
En primer lugar, ésta se caracteriza por una clase política, capitaneada por el bipartidista PPSOE, muy deslegitimada por su papel de gestora del huracán neoliberal en que nos ha sumido la dinámica del capitalismo global. No parece probable que a corto plazo éstos puedan ser sustituidos por partidos satélites como IU y UPyD, que por diversas circunstancias están lejos de alcanzar a sus hermanos mayores y desde luego no prometen nada especialmente diferente. La clase política o partitocracia nunca ha sido muy popular, manteniéndose sin problemas debido a la falta de alternativas y el sentimiento del “mal menor” en uno u otro sentido del espectro ideológico, pero ahora vive una de sus horas más bajas.
En segundo lugar, el proceso de movilización, tanto del 15-M como en sus repeticiones más o menos periódicas, como en la resistencia a las políticas neoliberales de saqueo generalizado impuestas primero por José Luis Rodríguez Zapatero y después por Mariano Rajoy, ha logrado escasas victorias.
Considerando ambas circunstancias, el razonamiento para entrar en las instituciones políticas del régimen puede argumentar fácilmente dos cuestiones. Primero, “si no nos representan, busquemos una nueva representación”. Segundo, “si no nos hacen caso en la calle, intentémoslo en las instituciones”.
“Una nueva representación”
Siempre quedó la duda de a qué se referían los millones de personas que en mayo-junio de 2011 gritaban “No nos representan”. ¿Quién no nos representa? Si son los políticos actuales, se pueden buscar otros que actúen de otra manera. Si es el sistema político
como tal, no hacemos nada ahí dentro. Quienes abogan por la participación institucional parecen inclinarse por la primera respuesta y, según versiones, proponen una entrada en las instituciones pero teniendo en cuenta consideraciones como la necesidad de una base asamblearia y participativa, con representantes obligados a respetar las decisiones desde abajo, etc.
El problema con este argumento es que considera al Estado como un órgano neutro, el cual puede virar hacia un lado u otro teniendo en cuenta la voluntad de quien ocupa sus cargos. Es un razonamiento sin base histórica y completamente utópico, que se olvida de que todas las formaciones que han intentado hacerse con el Estado han mutado de forma más o menos rápida, independientemente de su radicalidad inicial, y se han convertido en engranajes del Estado capitalista, llamado así precisamente porque sirve a quien sirve. Quizá deberíamos repasar la historia de movimientos sociales mucho más potentes y radicales que los nuestros que, tras la oleada de contestación de los ’60 y ’70 en distintos países, decidieron convertirse en “caballos de Troya”. Resultó que el caballo de Troya se lo habían metido a ellos. Lo mismo podemos decir de la socialdemocracia original: el PSOE, por extraño que parezca, no ha sido siempre este engendro capitalista, sino que en sus inicios tenía como objetivo conseguir una sociedad gestionada por los trabajadores. Pero buscaba hacerlo a través de las instituciones, y así ha acabado.
Además, es idealista (en el peor sentido de la palabra) pensar que el funcionamiento de unos cargos públicos puede someterse a los designios democráticos. Precisamente todo el entramado institucional español está diseñado para que funcione de forma antidemocrática, y los cargos públicos son absolutamente independientes de quienes les han colocado ahí con sus votos o con su trabajo de base. No son movimiento, son partitocracia. El Estado no es un centro social ni una asamblea en la Puerta del Sol, y no entiende ni de democracia, ni de participación ni de horizontalidad. La deformación total o parcial de la forma de funcionamiento que se defiende como justa es un riesgo que por lo menos deberían valorar quienes apuesten por la vía institucional.
“No nos hacen caso”
El segundo argumento es más comprensible. En efecto, el ciclo de movilizaciones 2011-2013 ha sido bastante potente en comparación con el período anterior. Los resultados de la movilización, del cansancio, los porrazos y las multas no son precisamente maravillosos. De hecho, cada vez estamos peor. Así que, ¿por qué no intentar entrar en las instituciones?
Responderé primero a la pregunta antes de adentrarme en nuestra falta de efectividad. Insistimos de nuevo en la memoria histórica, que no consiste sólo en saber a cuánta gente mató Franco sino en analizar el pasado para no repetir lo que no funciona. El mayor número de diputados y cargos públicos procedentes de los “movimientos sociales”, léase sindicatos, movimiento estudiantil y asociaciones vecinales de la época, se dio a principios de los ’80. Ésa fue precisamente la época conocida como “desencanto”, donde no sólo no se dio ningún auge en la conquista de derechos sino que se iniciaron los grandes vicios que hemos padecido durante 30 años: un sindicalismo burocratizado que más bien parece un ministerio y unas asociaciones vecinales esclerotizadas en su inmensa mayoría. Algo parecido ocurrió con otros movimientos populares de los ’60-‘70 como parte del ecologismo revolucionario alemán o, en Estados Unidos, con el Partido Panteras Negras. Este último caso fue especialmente curioso. Tras varios años despreciando la pugna electoral y estando en la punta de lanza
del movimiento revolucionario estadounidense, cayó bajo la represión. Después de ello, con el partido destrozado y derrotado, alcanzó sus mejores resultados electorales.
En cuanto a la falta de efectividad, primero hay que señalar que ésta no es absoluta. Las grandes mareas contra la privatización han conseguido en ocasiones frenar algunas medidas del saqueo. En el ámbito laboral, se han conseguido varias victorias defensivas en los últimos meses, tanto en sectores como la limpieza urbana como en otros como la informática. Mención aparte merecen la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y los grupos Stop Desahucios del 15M, que han conseguido situar en todas las portadas el derecho a la vivienda y sus reivindicaciones, además de dar soluciones prácticas a miles de familias.
Ahora bien, hay que reconocer que, en general, vamos perdiendo. Y de goleada. Pero ¿de verdad podíamos esperar otra cosa tras décadas de dependencia de una izquierda institucional que en realidad es derecha o es inoperativa? ¿con unos sindicatos mayoritarios que no se merecen ese nombre y asociaciones profesionales corporativas que siguen siendo demasiado necesarios para que echen a andar formas relativamente novedosas como las mareas? ¿con una izquierda radical en buena parte dedicada, durante años, a buscar conflictos en su interior y empeñada en organizar cinefórums o manifestaciones en solidaridad con el país más recóndito del planeta, sin hacer el menor caso a la guerra de clases desde arriba que estábamos viviendo? Lo extraño es que no estemos peor.
¿Qué hacemos entonces?
La solución no está en la vía institucional. Como dice Carlos Taibo, “pretender que desde esa atalaya, o desde alguna parecida, podemos salir de esto me parece más ingenuo y trabajoso que la apuesta por la vía autogestionaria. Es, más allá de ello, una garantía sólida de que acabaremos absorbidos por lo que queremos contestar”. La solución está en crear, con las bases de las que disponemos, un movimiento popular potente que esté en posición de agrupar a las víctimas del sistema tanto en el terreno de la producción como en el del consumo. Tenemos sindicatos combativos que avanzan poco a poco y han mejorado sus relaciones. Tenemos cooperativas, redes de consumo y financiación solidarios. Tenemos las PAHs y un 15M proletarizado en base a la lucha por la vivienda. Tenemos organizaciones como Juventud Sin Futuro que están entrando en la arena de la lucha contra la precariedad.
El reto es mejorar y unificar esas redes económicas de cooperación y autodefensa. Buscar un programa de avance que, con las tácticas adecuadas, nos permita defendernos de forma efectiva y acumular fuerzas. Consensuar el tipo de sociedad en el que queremos vivir, la democracia real en la que disfrutemos de propiedad común, igualdad y libertad organizada de abajo hacia arriba.
