“Cuerpo Nacional de Policía
siempre dispuesto al servicio de España
protector del ciudadano, de la Paz
y de nuestra Democracia,”
-Del himno oficioso del CNP.
Desde su constitución, en 1941, a partir de elementos destacados de la Falange o purgados del Cuerpo de Seguridad y Asalto republicano, la Policía Armada franquista, los grises, fueron uno de los principales pilares del régimen criminal instaurado. Aunque ya no sean tan impactantes, pues volvemos a vivir ese tipo de violencia en nuestras carnes, las imágenes de este cuerpo reprimiendo con violencia a trabajadores y estudiantes han pasado a la historia.
Sabemos que, para 1968, con una población de 32 millones de habitantes, contaban los grises con 20.000 efectivos. A estos hay que sumarles 60.000 efectivos de la guarda civil, la que se encargó de acabar con la resistencia del maquis, de vigilar las entradas y salidas del Estado-prisión español y de mantener, en el mudo rural, el statu quo de miseria agraria. Otros 8.200 tenía el Cuerpo General de policía, dentro de la cual se encuadraban las brigadas político-sociales, célebres por sus torturadores. Menor era el papel de las escasas guardias urbanas, que tan solo asumían funciones de asistencia y circulación y no constituían entonces cuerpos armados. No cabe duda de que, junto con el ejército y la iglesia, la policía era uno de los pilares del régimen franquista. ¿Cómo nos encontramos actualmente?
Están por todas partes.
Si los efectivos policiales del franquismo se acercaban a los 90.000, actualmente la cifra se ha inflado hasta ser el Estado español, según Eurostat, el país de la UE con más policías por habitante: 505 agentes por cada 100.000. La media es de 338.
Examinando los datos, nos encontramos con 90.181 efectivos de la Nacional y 84.400 de la Guardia Civil. El régimen autonómico también contribuye a aumentar la presencia policial sobremanera, sumando 30.000 efectivos las distintas policías autonómicas. Las policías locales presentes en 1700 municipios del Estado, encuadran unos 66.000 efectivos. En total, más de 270.000 elementos. Una cifra tres veces mayor que la de finales de los 60, con una población que solo ha crecido un 46%.
En definitiva, el régimen del 78 hace parecer ridículo al Estado policial franquista. Cabe decir que, desde la muerte del dictador, ninguno de los cuerpos policiales herederos de los de entonces ha sufrido una purga, limitándose a una centralización y a un par de cambios en la coloración del uniforme. Son los mismos, pero ahora son más.
Calabozos, dolor y miedo.
Jugando un papel tan importante en el mantenimiento del orden político de corrupción y privilegios desde hace décadas, la policía del Estado español ha demostrado poseer una notable impunidad para emplear toda clase de medios ajenos a lo que se considera un Estado de derecho, pasando por encima del derecho humano a no ser sometido a tortura, penas crueles o tratos degradantes.
Según Amnistía Internacional existe una total impunidad policial en casos de tortura, que se aplica especialmente contra personas extranjeras. Tampoco se cumple en ningún caso el derecho de los torturados a una reparación. De acuerdo al informe de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura en el año 2012 el CNP fue denunciado por tortura y malos tratos en 117 ocasiones, 19 la Guardia Civil, 32 los Mossos d´Esquadra, 15 la Ertzaintza y 26 las distintas Policías Locales, afectando estos casos a 851 personas. Estas cifras son solo una pequeña parte del total, teniendo en cuenta que buena parte de los torturados son inmigrantes indocumentados sin medios para denunciar. No son actos puntuales, ocurren por sistema y en todos los cuerpos. El hecho de que más de la mitad, 591 personas, fueran agredidas tras movilizaciones sociales, es prueba de lo que se pretende.
Solo en el año 2013 se produjeron, bajo custodia o en el transcurso de operaciones policiales, 43 muertes. Suman 916 desde 2001, cifras del Centro de Documentación contra la Tortura. La policía, en el Estado español, mata y mata impunemente. El indulto para los asesinos y torturadores queda, en el 100% de los casos, garantizado por el Estado. No se busca sino proteger una herramienta de terror político.
Un madero, mil lapiceros.
Las políticas neoliberales todo lo recortan, excepto la represión. Los presupuestos de 2013 aumentaban el presupuesto para antidisturbios en un 1780%, pasando de 173.670 euros a 3,26 millones. Por el contrario, se recorta en seguridad ciudadana. No hay excusa posible, no se pretende “combatir el crimen”, sino la protesta ante la miseria que pretenden imponer.
A esto se suma organización de nuevas unidades dedicadas exclusivamente a la represión. A los 2744 agentes de la UIP (Unidad de Intervención Policial) se suman 2.200 agentes de los 72 grupos de la UPR (Unidad de Prevención y Reacción). Distintas Policías Locales y Autonómicas han creado también sus unidades represivas, caso de la UAPO en Zaragoza o la Brigada de Refuerzo de la Ertzaintza, ampliada en 2012.
Encontramos igualmente novedades en el material de estas unidades. Por nada menos que medio millón de euros, se ha adquirido un nuevo camión con cañón de agua, con una presión regulable de 10 a 16 bares de presión y 7000 litros de capacidad. Se busca sustituir los viejos camiones, que contaban con una autonomía de 4000 litros y cuyos cañones tenían una potencia mucho menor. Por lo visto, son muy necesarios más de 10 bares si se quieren sacar ojos a presión, como pudimos ver en Turquía cuando se emplearon vehículos del mismo tipo.
Ante las denuncias por el uso de las pelotas de goma, que han dejado 2 muertos y 11 pérdidas de ojo desde los años 90, se está procediendo a su sustitución por proyectiles de Foam en Cataluña. Este tipo de proyectiles son tan dañinos como las pelotas de gomas, sin embargo, se han impuesto gracias a la excusa de que “no rebotan y son más precisos” por lo que, al contrario que las pelotas, no darán “por error” a la cara u órganos vitales. Sin embargo, como ha denunciado el SUP (Sindicato Unificado de Policía), se está entrenando a los nuevos antidisturbios para saltarse los reglamentos y disparar por encima de las piernas.
Más dinero, nuevo equipo y una nueva generación de agentes entrenados para dar rienda suelta a la violencia represiva del Estado. Mientras el desempleo, la precariedad laboral y la destrucción de los servicios públicos extienden la miseria, se hace necesario blindar a un Estado cada día más autoritario.
Lo que está por venir.
Dice la presentación al Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que “El derecho a manifestación se ha ejercido ampliamente en los dos primeros años de esta Legislatura”. Pero, parece, que no se va a permitir que esto siga pasando. Tras dos años de gobierno del Partido Popular sus apoyos sociales comienzan a resquebrajarse y el pueblo trabajador comienza a ver que la solución a sus problemas pasa por la acción colectiva. La reciente victoria del barrio burgalés de Gamonal ante la especulación urbanística, desatando la solidaridad a lo largo de todo el Estado, es prueba de ello. Si hay estallido social, van a estar preparados, con una justicia que pasa por encima de los jueces en una distopía autoritaria que nos traslada a los cómics del Juez Dredd.
A este aumento del poder de la policía estatal hay que añadir los privilegios concedidos a la seguridad privada. En nuestro Estado existen 85.000 guardias de seguridad que, con la nueva Ley de Seguridad Privada, podrán detener, cachear e identificar en la vía pública. Un refuerzo a la represión que evidencia lo corporativo del régimen en el que nos encontramos.
Negar que nos encontramos ante el mayor Estado policial de Europa, en el que todo vale para defender los privilegios de una oligarquía caciquil, es ya negar la evidencia. Ante ello debemos actuar, debemos hacernos fuertes, reforzando los lazos colectivos y comunitarios contra la represión. Siendo conscientes de que entre los que roban y gobiernan y nosotros se encuentran ellos, una barrera de porras, cascos y escudos, contra la que más nos vale estar preparados.
