La llamada huelga de ‘La Canadiense’ fue un paro importante del sector eléctrico, convirtiéndose después en Huelga General, que comenzó el 5 de febrero de 1919 y que se prolongó durante 44 días paralizando el 70% de toda la industria de Cataluña. Dicha huelga se convirtió en la más importante, por sus logros, de la historia del movimiento obrero hispano. En ella se consiguió el aumento salarial, la readmisión de los trabajadores despedidos y lo más importante de todo: la promulgación del Decreto de la jornada de ocho horas de trabajo, siendo así el Estado español el primer Estado en promulgar dicha ley.
Nos encontramos a finales de enero de 1919, y la compañía Riegos y Fuerzas del Ebro -conocida popularmente como La Canadiense ya que el principal accionista era el Canadian Bank of Commerce of Toronto– baja drásticamente los sueldos a sus trabajadores, bajo la excusa de que los obreros eventuales han pasado a ser fijos. Paralelamente, el sindicato anarquista CNT crea el Sindicato Único de agua, gas y electricidad, al que se afilian gran parte de los trabajadores de La Canadiense. La guerra social entre la patronal y el proletariado militante aumenta desde que el sindicalismo revolucionario deja de estar fragmentado y pasa a conformar sindicatos únicos de ramo o industria. Ante esta situación, con los primeros despidos de trabajadores por quejarse, el 5 de febrero de 1919 parte de la plantilla da inicio a una huelga de “brazos caídos”, siendo reprimidos y expulsados de los puestos de trabajo por la propia policía. Y como si se tratara de un efecto dominó, la solidaridad se va extendiendo por todas las secciones de la empresa y por otras empresas de energía.
La huelga comenzaba a ser ya un gran problema desde el primer día, pues la población –y el resto de industrias- dependía de La Canadiense para vivir. La acción de protesta en el sector eléctrico e hidráulico no solo lo paralizó, sino que obligó a suspender las demás industrias que dependían de él para seguir en funcionamiento. Durante las siguientes dos semanas se unió a la huelga la industria textil, tan importante en la Cataluña de principios del siglo XX, reivindicando la jornada laboral de ocho horas y el fin del trabajo infantil. La situación de Barcelona y casi toda Cataluña no tenía precedentes; tranvías paralizados, hogares e industrias sin energía, interrupción de la prensa y fallida del alumbrado público.
Ante tal situación, el Conde de Romanones confiscó La Canadiense y puso en los puestos de trabajo a ingenieros del ejército español. A finales de febrero -con el 70% de la industria catalana totalmente paralizada- entre la participación del capitán general, Milans del Bosch, que pretendía declarar el estado de guerra, y la del Gobernador Civil de la ciudad, que buscaba negociar con los trabajadores, la empresa dictó sentencia: o volvían a sus puestos de trabajo el 6 de marzo todos los trabajadores o serían despedidos. Tal sentencia no hizo más que avivar la llama revolucionaria, provocando que el Sindicato Único de artes gráficas de la CNT proclamara la llamada censura roja. Esta consistió en una acción conjunta de todos los periodistas de Barcelona que comunicaron a sus directores que no publicarían ninguna noticia considerada negativa para la clase trabajadora. Llegado el mes de marzo, la situación era ya incontrolable por parte del Gobierno, así que decidió declarar el estado de guerra, con un nuevo Gobernador Civil llamado Carlos Montañés (encargado de la empresa) y un nuevo jefe de policía, Gerardo Doval. A mediados de mes, el castillo de Montjuïc ya albergaba a tres mil trabajadores presos.
Finalmente, el 17 de marzo de 1919, los representantes de La Canadiense y el comité obrero llegaron a un acuerdo, en el que se aumentó el salario, se promulgó el decreto de la jornada laboral de ocho horas, la libertad de los presos y la readmisión de los primeros huelguistas despedidos.
El 19 de marzo de 1919, entre 20.000 y 35.000 trabajadores, según diversas fuentes, se reunieron en la plaza de toros de las Arenas de Barcelona para ver si los huelguistas aprobaban la negociación entre la patronal y el comité obrero. Finalmente, se aceptaron los resultados de forma unánime y se dio un margen de tres días a las autoridades para liberar a los presos bajo jurisdicción militar, con la amenaza de otra huelga general si no se llevaba a cabo.
De esta manera, el 3 de abril de 1919 el Conde de Romanones promulgaba el Decreto de la jornada de ocho horas.
Sin embargo, antes de la promulga, la huelga no se había terminado del todo, pues ante la traición del acuerdo y la falta de libertad de muchos huelguistas, el 24 de marzo se inició otra huelga general para conseguir excarcelarlos –tal y como habían amenazado-.
Los trabajadores más radicales de Barcelona y alrededores se lanzaron a la calle, no solo por la libertad de sus compañeros presos, sino como forma de protesta contra la línea posibilista que, liderada por Salvador Seguí, hacía un llamamiento a la calma y a la negociación con la patronal. El 25 de marzo, frente a esta situación, el Gobierno español decidió suspender las garantías constitucionales en todo el Estado; así, el ejército y el Somatén tomaban las calles para reprimir a cualquiera que fuera sospechoso de ser sindicalista, además de obligar a los comercios a abrir. Se ilegalizaron los sindicatos, se clausuraron sus locales y se incautó toda su documentación, seguidamente del procesamiento a todos los delegados sindicales. También se prohibió cualquier tipo de ayuda económica a los huelguistas. La Canadiense acusó a la Gobernación de Barcelona de “débil”, lo cual provocó la dimisión del jefe de policía y del propio Conde de Romanones. Se formaba así un nuevo gobierno presidido por Antonio Maura.
El 9 de abril, desde la patronal se amenazó con el ‘locaut’, es decir, con el cierre de las empresas si los trabajadores se ponían en huelga y así no tener ningún derecho económico. Tras la marcha del Gobierno de Maura tres meses después, y la continua guerra social que parecía no tener fin, el 11 de octubre de 1919 se creó la Comisión Mixta de Trabajo. Esta estaba conformada por representantes obreros y de la patronal, en un intento de dar solución al problema; sin embargo, debido a la radicalidad de unos y de otros, tal comisión no sirvió para su cometido original.
Los ‘locauts’ patronales comenzaron a hacer estragos en la clase trabajadora, la cual se veía abocada al paro forzoso y a la más estricta miseria; esto no hizo más que avivar aun más la llama de la guerra entre la clase empresarial y el proletariado militante. La CNT no se quedó de brazos cruzados y sus militantes radicales, los que casi 10 años después conformarán la FAI, empezaron a ganar terreno a los militantes más moderados, comenzando así la etapa de los atentados personales contra policías, empresarios y esquiroles, siendo esto el preludio de lo que meses después se llamaría el pistolerismo.
El conflicto, lejos de solucionarse, se agrandó cada vez más y más. Durante la huelga de La Canadiense se sucedieron hasta tres gobiernos (el de Romanones, Maura y Sánchez de Toca), y ninguno supo poner fin a la guerra social entre clase trabajadora y patronal.
La huelga de La Canadiense fue un punto de inflexión para la clase obrera catalana en general, y para la clase obrera anarcosindicalista de la CNT en particular, pues debilitó al sindicato anarquista pero, por contrapartida, auspició el aumento de los militantes radicales frente a los moderados o posibilistas.
Los continuos estados de guerra, la represión generalizada y los ‘locauts’ mantuvieron a casi toda Cataluña paralizada, con un sindicalismo echando un pulso con la burguesía y el Estado, del cual salió derrotado y débil. La respuesta a partir de aquí fue el terrorismo ‘de masas’, es decir, el pistolerismo generalizado contra los enemigos de la clase obrera y la revolución, a la cual la burguesía no iba a esperar de frente, pues se defendería –y atacaría- con sus propios pistoleros mercenarios y con el llamado Sindicato Libre.
@borjalibertario
