Anarquismo de «Estado o algo parecido»

Sí, es un título chocante, incluso espero que sea polémico, y lo he elegido así para provocar la reflexión y el debate en el movimiento libertario cuestionando desde el librepensamiento el rechazo mayoritario, manifestado en demasiadas ocasiones sin matices, hacia dos conceptos clave de la ciencia política que en mi opinión no son correctamente interpretados: uno es el Estado como aparato de organización política, y con él toda la esfera institucional, y por otro lado, pero sin duda relacionado, el Poder.

Sobre éste último, como señalaba no hace mucho @blackspartak (en un artículo que supone el estímulo desencadenante de éste, que en líneas generales no pretende más que extender sus mismas tesis amplificando el debate; ciertas reflexiones de David Harvey en una entrevista para Roarmag también me sirven de baseⁱ), el problema es que se parte frecuentemente de una concepción errónea. El poder no debe ser entendido como un hecho social del que puedan realizarse apreciaciones morales genéricas -no puede ser bueno ni malo-, sino una dimensión de toda relación social que refleja la capacidad de influencia entre los diferentes agentes sociales, y la única cuestión moral posible reside en establecer cuál o cuáles de las múltiples configuraciones que puede tomar es/son aceptable/-s, es decir, atendiendo a cómo se distribuye entre ell@s. Trasladada esta misma confusión al plano físico, entenderíamos absurdo declaranos a favor o en contra de una propiedad de los objetos como es el color, pues lo valorable sólo puede ser un color en particular o, si quisiéramos hilar fino, una tonalidad concreta de alguno de los colores existentes. Tampoco puede entenderse en términos binarios, de si se tiene o no, sino que todo agente social, sea individual o colectivo, tiene determinado grado de poder en una situación dada; no es un concepto dicotómico sino continuo, en una palabra (y, más aún, difícilmente se dará en la práctica una situación en que alguien tengo absolutamente todo o absolutamente nada de poder).

Como tal concepto dimensional, debemos ser conscientes de que el poder inevitablemente forma parte de todo escenario social. Incluso en uno que cumpliera con el ideal anarquista o, dicho con más exactitud, en cualquiera de los escenarios ideales perseguidos por las diversas corrientes anarquistas; simplemente, sería una distribución del poder coherente con sus principios. En el nivel microsocial de nuestros entornos asamblearios, cualquier persona mínimamente observadora y experimentada en su práctica habrá caído en la cuenta de la existencia de factores que otorgan a quienes participan del acto asambleario una mayor o menor capacidad de influencia sobre las decisiones que hayan de adoptarse. Probablemente no será una desigualdad formal, una jerarquía establecida, pero no cabe duda que características personales como la experiencia o el conocimiento de la cuestión confieren de forma “natural” a quienes las poseen un mayor peso, una mayor relevancia, una mayor capacidad de influir en la opción que finalmente se elija. Si se trata de decidir, pongamos, con qué herramienta digital vamos a trabajar, probablemente la opinión con más opciones de imponerse será la defendida por la/-s persona/-s que mejor se maneje/-n con la informática; es decir, que ésta/-s tendrá/-n un mayor poder en tal decisión, poseerá -le será libremente reconocido por sus iguales, sería más correcto decir- cierta autoridad en la cuestión, sin que ello sea visto como una ruptura de la horizontalidad del grupo. E incluso independientemente de cual sea el tema tratado, en todo grupo humano existen diferencias en el “peso específico” de las personas que lo componen derivadas de sus rasgos de personalidad, el compromiso con el colectivo o con su objetivo u otras variables. Quizá leer esto soliviante a determinados sectores del movimiento anarquista, pero he de reconocer que la idea no es mía, sino de una figura con alguna… ejem… autoridad, justamente, dentro de su pensamiento:

“¿Se desprende de esto que rechazo toda autoridad? Lejos de mí ese pensamiento. (…) Cada uno es autoridad dirigente y cada uno es dirigido a su vez. Por tanto no hay autoridad fija y constante, sino un cambio continuo de autoridad y de subordinación mutuas, pasajeras y sobre todo voluntarias. (…) Aceptamos todas las autoridades naturales y todas las influencias de hecho, pero ninguna de derecho”
(Mikhaïl Bakunin, “Dios y el Estado”, cap. 2)

Esta concepción naturalizada del poder nos debería llevar a abordar la cuestión de forma distinta al rechazo frontal a toda desigualdad en su distribución. Atender a las circunstancias que determinan las diferencias de poder existentes nos permitirá combatir aquellas que no consideremos legítimas pero también asumir aquellas que sí. Y, ascendiendo al plano macro de lo social, este mismo razonamiento debería orientar en nuestra actitud frente al complejo organizacional decisorio y gestor de todo aquello que tiene una dimensión política.

Subrayo esta última expresión porque ésa y no otra debería ser la esencia del concepto de Estado en cualquier sociedad neta y radicalmente democrática, y una que se pretenda libertaria necesariamente ha de serlo. Es ésta, y abro un inciso, otra consideración que puede generar controversia, pues la hegemonía cultural capitalista ha funcionado inoculándonos la idea de que sus sistemas políticos representativos constituyen la mejor operativización posible de la democracia, pero tal apropiación indebida debería llevarnos a desmontar la falacia (que comienza en su pretendida representatividad misma) y no a un rechazo del término que no resulta infrecuente en los círculos libertarios (pensemos en el título del conocido y criminalizado libro de los Grupos Anarquistas Coordinados “Contra la democracia”) aunque tal actitud, además de una flagrante incoherencia (¿o es que desde los principios anarquistas puede rechazarse la máxima expresión de la democracia, su forma directa?, cosa muy distinta son los sistemas liberales/burgueses/delegativos que reciben tal denominación), un rechazo, decía, que supone el enorme error estratégico de entregar al enemigo la más poderosa arma de legitimidad social. Y no hace falta decir quién va ganando la batalla en ese campo.

Pero volviendo a la línea discursiva que pretendo seguir, retomo la probablemente heterodoxa definición de Estado ya expuesta: complejo organizacional decisorio y gestor de lo político. Partamos de que ninguna corriente anarquista no individualista debería rechazar la idoneidad de establecer un entramado de organizaciones en diversos niveles jerárquicos; ¿o no es la propia C.N.T., paradigma histórico del anarcosindicalismo, una confederación de sindicatos y por tanto una entidad de nivel superior a cada uno de ellos? ¿o no posee una estructura escalonada la experiencia actual del Confederalismo Democrático en Rojava y otras localidades kurdas, inspirada en el ecologismo social de Murray Bookchin, reivindicada como “democracia sin Estado” y admirada por el mundo libertarioⁱⁱ?. La clave, entonces, para compatibilizar anarquismo y Estado (o algo parecido) reside en dónde se establezca dentro de éste el poder de decisión, y aquí no me saldré ni un milímetro del pensamiento anarquista más ortodoxo: sólo es democrático (y utilizo el término, recuerdo, atendiendo a sus principios y a su etimología, y no a sus supuestas “puestas en práctica”), sólo respeta la soberanía popular y, por tanto, sólo es legítimo aquel sistema político en que es su base, el pueblo (dḗmos) quien decide, es decir, quien tiene el poder (krátos).

Puede argumentarse con razón que esta concepción del Estado asumible desde la perspectiva anarquista no describe la realidad, que no encaja en ninguna de las formas de Estado que conocemos, y desde luego que así es, pero utilizar tal argumento supone una clara confusión entre la denotación y la connotación del término, entre su significado esencial, en abstracto, y la implementación más o menos fiel que de él se realice en un contexto sociohistórico determinado y determinante, con unos agentes sociales concretos como motor del proceso y por tanto con objetivos, propósitos e intereses concretos. De la misma forma que l@s anarquistas no individualistas no rechazamos, sino todo lo contrario, el concepto de socialismo por la experiencia del llamado “socialismo real” llevada a cabo en la Unión Soviética u otros lugares del planeta, no deberíamos condenar la idea de Estado por su aplicación de facto dentro de un sistema capitalista, impulsada por la burguesía, aceptada y defendida por una mayoría social víctima de la hegemonía cultural de aquélla (lograda mediante las instituciones de control mental: medios de comunicación, ciencia, escuela,… y en última instancia el poder estatal mismo) y con el fin último de proteger la propiedad privada.

De igual forma, decía, considero que un “organismo de tipo estatal” para administrar los asuntos públicos podría llegar a conformar una estructura de toma de decisiones compatible con los principios del anarquismo siempre que cumpliera una serie de condiciones que garantizaran la mínima distorsión posible en la traslación de las decisiones a su puesta en práctica. Y digo mínima distorsión posible y no absoluta fidelidad porque se ha de asumir que toda decisión (algo intencional, abstracto, que pertenece al mundo de las ideas y por tanto puro, nítido, diáfano) sufrirá en su implementación del choque con la realidad terrenal, intrincada, compleja, en la que unos factores contaminan otros haciéndola confusa y relativa. Por algo dice el refranero que los toros se ven muy bien desde la barrera (con perdón).

Así que la tarea sería definir ese conjunto de requisitos que evitaran el sesgo verticalizante de toda estructura compleja. En modo alguno me siento capaz de afrontar individualmente tal reto, pero con un propósito ilustrativo me atreveré a apenas esbozar unas pocas ideas e invito a complementarlas con aportaciones individuales que puedan servir de materia prima para una posterior construcción colectiva. Por ejemplo:

– toda acción de gestión de lo político deberá estar regida por las decisiones dictadas por la soberanía popular mediante estructuras asamblearias, que permiten la representación (minimizando la delegación pero también asumiendo que la complejidad de las cuestiones pueden requerirla en determinadas medida y circunstancias); lo que viene a ser a grosso modo el “mandar obedeciendo” en la hermosa terminología neozapatista;

– deberán establecerse mecanismos de control de las personas representantes que maximicen la correspondencia entre los acuerdos asamblearios y su implementación, como pueden ser entre otros la rendición de cuentas, la transparencia o la revocabilidad de los mandatos;

– deberá respetarse el principio de subsidiariedad, es decir, que las decisiones sean tomadas en el nivel jerárquico más bajo que abarque a todas las partes implicadas, dando la máxima autonomía posible a todo colectivo, pero teniendo en cuenta que en un asunto que también incumba a otros colectivos todos ellos deberán realizar solidariamente una cesión equitativa de su autonomía.

– y, como decía, otras muchas condiciones que habría que determinar colectivamente

Soy consciente de que la instauración de este modelo radicalmente democrático no supondría per se la consecución una sociedad libertaria, sino tan sólo el establecimiento de una base estructural que permitiera avanzar en esa dirección. Tendríamos tan sólo el hardware, la maquinaria que habrá que llenar de contenido libertarizante mediante el debate y la confrontación de ideas con quienes se sitúen en otras posiciones ideológicas, estableciendo normas que además de garantizar la libertad teórica pero vacua del capitalismo, nos doten de capacidad efectiva para ejercerla eliminando la desigualdad social, abordando así tanto la concepción negativa como la positiva de la libertad, respectivamente, en palabras de Isaiah Berlin.

Habrá quien considere que asumir la validez a priori de perspectivas no libertarias y aceptar con honestidad el resultado de la discusión de ideas en términos de convencer o no a una mayoría social supone una cobarde concesión al reformismo, falta de pureza ideológica o de convicción revolucionaria, u otras cosas por el estilo. Al respecto, invitaría a esas personas a responder si el fin de una sociedad libertaria puede conseguirse por medios que supongan la imposición del criterio de una minoría social. Y me refiero tanto a si puede conseguirse en el sentido de posibilidad, si se podría efectivamente lograr, pongamos, la colectivización de los medios de producción con la oposición de las “clases medias”, mayoritarias en nuestras sociedades y en términos generales de mentalidad aburguesada, como en el sentido de coherencia ideológica, si imponiendo esa colectivización se estaría realmente construyendo una sociedad libertaria u otra cosa más parecida a la experiencia soviética. Y es que si no es convenciendo, esto es, venciendo la batalla por la hegemonía cultural, la única forma de asegurar un estado de las cosas es hacerlo a través de la represión, y esa no será jamás una victoria absoluta ni eterna, como bien sabemos y afirmamos con orgullo (y razón) quienes nos situamos en el bando perdedor de las posiciones frente al sistema capitalista. Es decir, por más justa y liberadora que sea una medida, su imposición por parte de una parte minoritaria de la sociedad sólo podría realizarse a través de la represión a la disidencia, y eso nos convertiría en el monstruo que queremos combatir. Para vencer realmente, no nos queda otra que convencer, y la batalla dialéctica ha de confrontarse -tanto con el arma de la tradición de pensamiento anarquista como con el arsenal de la práctica cotidiana de nuestros espacios libertarios- en todos y cada uno de los ámbitos sociales pero también, y sobre todo, en el político-institucional, siempre que esas instituciones cumplan toda una serie de requisitos que he empezado a apuntar más arriba. Vamos, que un anarquismo impuesto por una minoría (convertida así en élite, en vanguardia) supondría la utilización de un poder ilegítimo, justamente contra lo que el anarquismo lucha.

Toni Yagüe

Notas: