¿Os acordáis cuando de adolescentes nos decían eso de “estudia para tener un futuro”?… Ese relato forma parte ya de la historia. Se ha desvanecido. Forma parte de los valores de la modernidad pasada donde existían relatos estables, previsibles, donde existía un horizonte y certezas.
El proceso de privatización y decadencia de la Universidad Pública empezó en el 2000 con las reformas del Plan Bolonia. Con estas reformas las funciones culturales, críticas, educativas en su significado más integral y transversal, terminarían reducidas a su mínima expresión, aumentando la tendencia profesionalizante y pragmática de las titulaciones académicas dirigidas a emplear a los ejércitos mujeres y hombres que pasan por las aulas de las universidades. Esa masa de mujeres y hombres estudiantes no sólo están dirigidos a su empleabilidad en un contexto tan difícil y salvaje como en la fase del capitalismo actual, sino que también se inocula al alumnado la ambición y el sacrosanto valor de la competencia dentro y fuera de las aulas basada en la falacia de la meritocracia. Una competencia atroz que vacía de contenido la propia finalidad esencialmente educativa y crítica que antaño tenían las universidades, sobre todo, nuestras universidades públicas.
Pero la peor “batalla” que vengo a denunciar con este escrito es lo que pasa en el interior de la estructura universitaria. Lo que ocurre en las estructuras de poder, en los departamentos, en las áreas de conocimiento, lo que ocurre con nuestras condiciones laborales del profesorado y con la calidad educativa. La precariedad socioeconómica y existencial del profesorado en la Universidad es tan cruda, expandida y perversa que se ha llegado a naturalizar tanto que una pasea por los pasillos pensando ¿qué ha pasado para que exista este pacto de silencio en esta institución? En esta situación, la figura del Profesorado Sustituto Interino (PSI) es el último eslabón de la cadena de precariedad de la Universidad Pública, sin que los sindicatos mayoritarios (UGT, CCOO, CSIF) que copan estos espacios parezcan mover un solo dedo por una lucha sindical que dignifique nuestro trabajo. Parece haberse afianzado como una “ley” que sistemáticamente se vulneren nuestros derechos laborales y sociales. Sí, en las universidades, y en los departamentos se vulneran derechos laborales constantemente. Las condiciones laborales de un PSI pasan en primer lugar por contratos inestables, precarios, y muy pero que muy mal pagados para toda la formación y currículum que se exigen. Las condiciones laborales del Profesorado Sustituto Interino son susceptibles de estar sujetas a la arbitrariedad de mando de las direcciones de los departamentos donde te adscribas. Se produce un limbo ético en el que pasas a ser una ficha que mueven según los intereses de competencia que convengan en cada momento. En este contexto, damos la docencia que sobra, sin capacidad de elección, lo que no quieran el resto del departamento mejor posicionado, en una jerarquía y actitud de sumisión constante. Un departamento puede convertirse en un cortijo de relaciones de influencias que recuerda más a relaciones feudales que al siglo XXI. El profesorado que no queramos comulgar y pasar por esas “tragaderas” estamos condenados al ostracismo, a tener más obstáculos para la promoción de nuestra carrera académica o, directamente, a abandonar esa trayectoria laboral.
Las reformas universitarias impulsadas en los últimos años por los sucesivos gobiernos se inscriben en la matriz de las políticas públicas neoliberales propias del contexto en el que vivimos. La era del sujeto neoliberal se plasma en la Universidad pública en todos los rincones. Un espacio donde la solidaridad se convierte en competencia, la igualdad en arbitrariedad autoritaria, la dignidad en relaciones de influencia… Todo esto es consecuencia y reflejo de cómo ha sido todo el proceso de implantación de las reformas universitarias, donde ha habido un evidente déficit democrático representando un nuevo autoritarismo tecnocrático que acompaña al modelo neoliberal imperante en la sociedad de hoy. Como dice el sociólogo Juan Irigoyen, la neutralización del pensamiento crítico que ha producido la universidad es una cuestión esencial para el avance del proyecto neoliberal, así como la absorción de las élites universitarias por el proyecto global y las fuerzas transversales que lo impulsan. Así nace el capitalismo académico, que determina una relación de intercambio entre la industria y los/as investigadores/as, maximizando la producción de conocimiento a fines industriales y comerciales, y minimizando los saberes tradicionalmente críticos que han identificado a la universidad moderna. La implementación de este modelo tiene como consecuencia principal la reprofesionalización del profesorado, el establecimiento de una jerarquía entre los mismos y la precarización máxima.
La racionalidad sobre la que se asienta la gestión de nuestras universidades es la evaluación permanente que es el instrumento principal para establecer un orden equivalente al del sagrado mercado. Aquí emergen las ideologías de la “calidad” y la “excelencia”, imprescindibles para instituir una cultura y un imaginario profesional que respalde los procesos de competencia atroz que se da en cada ámbito universitario. En España la ANECA (Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y la Acreditación) es el “monstruo que llama a la puerta” y evalúa bajo unos ítems adecuados a este capitalismo académico si nuestra trayectoria, nuestro curricular como profesorado e investigadoras/es son válidos o no. Esto no hace más que producir sujetos vulnerables, sujetos frágiles articulados para la competencia. Lo importante es ganar siempre en la competencia con los iguales. Así se debilita el tejido colectivo y se produce una subjetivación disciplinada que se funda en el miedo.
Es vital e imprescindible desarrollar una nueva sociabilidad en la Universidad que supere la jungla de la competitividad en la que la han convertido. Es necesario respaldar unas condiciones laborales dignas del profesorado que apueste por garantizar una educación superior de calidad e impregnada de los valores democráticos que tanto se dice defender.
Vanessa Gómez Bernal,
es trabajadora social, antropóloga. Máster en Género, Identidad y Ciudadanía y Doctora en Estudios de Género y de la discapacidad. Actualmente trabaja como Profesora Sustituta Interina en la Universidad de Cádiz. Cobra 328’10€/mes por un contrato parcial como tanto profesorado en la absoluta precariedad que trabaja en las universidades españolas…