Estas semanas nuevamente se está hablando mucho de represión política, y es que dos casos muy reconocidos socialmente están sentando un precedente que ya viene desgraciadamente encaminado desde hace bastante tiempo. Se está aplicando penalmente la extensión del concepto de terrorismo a cualquier acción de lucha obrera o situaciones sociales cotidianas que impliquen a personas con conciencia política discordante a la norma moral impuesta desde las instituciones del Estado español. Los dos casos represivos a los que nos referimos son los del juicio a Altsasu y la criminalización a los Comités de Defensa de la República en Catalunya.
Juicio en la Audiencia Nacional a los jóvenes de Altsasu:
Esta semana se inició el proceso judicial a ocho jóvenes del municipio navarro de Altsasu, acusados por delitos de lesiones y amenazas terroristas por los cuales les solicitan 62 años y medio de prisión a uno de ellos, 50 años de prisión a otros seis, y a una octava 12 años y medio. Estos delitos se refieren a una trifulca en un bar de Altsasu en las fiestas locales en octubre de 2016 donde estuvieron implicados dos guardias civiles, por lo que la Fiscalía ha aplicado la ley antiterrorista actuando en nombre de la Guardia Civil y la Coordinadora de Víctimas del Terrorismo (COVITE), solicitando las máximas penas para todos los acusados. Tres de ellos, además, llevan en prisión un año y cinco meses incomunicados en régimen FIES1.
Este pasado fin de semana tuvo lugar en Iruñea la manifestación más multitudinaria que se recuerda en la ciudad, con una asistencia de más de 50 mil personas apoyando a las familias de los altsasuarras que han comenzado a ser juzgados en la Audiencia Nacional. Los medios de comunicación, semanas después de la detención de los jóvenes y antes de que el Juzgado de Navarra fuera inhabilitado para juzgar este caso, pasándose a la Audiencia Nacional, iniciaron una campaña de criminalización contra todo el pueblo de Altsasu. Estos medios encontraron fuertes relaciones entre la actividad ya finalizada por ETA, y el Ospa Eguna, una celebración antirrepresiva de carácter festivo y reivindicativo que tiene lugar en Altsasu, que protesta contra la ilegítima ocupación por parte de fuerzas represivas de la Guardia Civil el territorio navarro, con una historia muy sangrienta en toda Euskal Herria. Altsasu ha recibido la solidaridad de otros pueblos de la Península e incluso internacionalmente, y sobre todo los familiares de los jóvenes acusados han sido apoyados activamente en todo momento manteniendo una gran movilización para dar a conocer este caso judicial.
Estaremos atentos/as al desarrollo y conclusión del juicio, aunque se albergan pocas esperanzas de un satisfactorio resultado para los jóvenes acusados, que no sería otro que la absolución total o la rebaja de las penas al nivel de faltas y no como delitos penales por vía antiterrorista. Sin embargo, la investigación y decisiones tomadas hasta ahora por la Audiencia Nacional no apuntan a una buena resolución. Ya hace pocos meses este tribunal se negó a retirar del caso a la jueza Espejel a petición de la defensa, nombrada como magistrada para la vista oral de este juicio, y casada con un coronel de la Guardia Civil.
Criminalización de los Comités de Defensa de la República (CDRs):
La semana pasada en una operación de la Guardia Civil ordenada por la Audiencia Nacional, eran detenidas un total de ocho personas en el territorio catalán pertenecientes a los Comités de Defensa de la República. El caso investigaba los cortes de carreteras y peajes que durante la Semana Santa fueron llevados a cabo por los CDRs como protesta por la libertad de los presos y presas políticas de Catalunya, a raíz de las agresiones llevadas a cabo por el Estado español desde septiembre del año pasado. Las personas detenidas eran acusadas en un principio de delitos de rebelión y terrorismo, en concreto, una integrante del CDR de Viladecans, fue trasladada a Madrid para declarar en la Audiencia Nacional, donde finalmente se le rebajaron los cargos a desórdenes públicos.
Estos CDRs no tienen personalidad jurídica porque no son entidades legalizadas, de hecho en el marco actual de represión española no podrían serlo en ningún caso. Sus integrantes son militantes y activistas sociales que luchan por la autodeterminación catalana, defendiendo la legitimidad de la independencia y contra la represión del Estado español. Nuevamente los medios de comunicación han favorecido mucho con sus campañas la persecución a los CDRs, ya apuntada en algunos periódicos la semana anterior. La criminalización que está sufriendo Catalunya por defender su derecho a la autodeterminación roza la psicopatía, pues principalmente a raíz del referéndum del 1 de octubre del 2017, toda la maquinaria propagandística del Estado español se ha puesto al servicio de la creación del retrato de un enemigo con el que generar un malestar y una enfermedad en la comunidad social. Este hecho trata de esconder las herramientas históricas, antropológicas y sociológicas con las que se podría debatir sobre la temática coyuntural de independencia y emancipación social, para provocar una represión y un enfrentamiento generalizado contra el pueblo de Catalunya.
Terrorismo es todo, menos la violencia del Estado:
El concepto de terrorismo nace en la Revolución francesa para identificar el periodo político conocido como ‘El Terror’ de la Convención, entre otoño de 1793 y la primavera de 1794, y su significado definía las actuaciones de violencia autoritaria y terror por parte del Estado. Sin embargo, este a lo largo del siglo XIX se ha apropiado del concepto para ponerlo al servicio de sus intereses de clase y su discurso socio-cultural, el concepto de terrorismo se ha resignificado desde el poder para definir bajo esa categoría cualquier respuesta de disidencia activa contra la violencia del Estado, e invisibilizando la violencia que ejerce este mismo. Existe, por lo tanto, una negación directa entre terrorismo de estado y terrorismo disidente, que llevan a la conclusión de la inexistencia del terrorismo como concepto, y que realmente este término encubre un conflicto abierto social y político que se proyecta en el tiempo, y anclado en la lucha de clases sociales. Los casos mencionados de Altsasu y los CDRs son el ejemplo de esta estrategia estatal de llevar el concepto de terrorismo a actuaciones de disidencia y lucha de las clases populares en cualquier situación cotidiana, además, sin que intermedie una violencia como la que han categorizado e incluido en los códigos penales que debería estar implícita en ese nuevo significado de terrorismo (asesinatos, bombas, secuestros etc…)
La ampliación efectiva, tanto moral, a través de los medios de comunicación, como penal, a través de los tribunales judiciales, del concepto terrorismo a toda actuación cotidiana por parte del movimiento obrero organizado, es una perversión represiva que más tarde o más temprano, nos acabará afectando a toda la comunidad social. La expresión de esta realidad se evidencia en la indefensión absoluta de la clase trabajadora ante la maquinaria represiva del Estado español, que aísla, encarcela, y ejerce su venganza sobre los familiares y el entorno de apoyo, y además sitúa a las víctimas de estas injusticias como la parte violenta de esta lucha. La Audiencia Nacional es el órgano judicial heredado del Tribunal de Orden Público franquista y que juzga los casos sobre cuestiones políticas actualmente. Si bien antes se hablaba abiertamente de dictadura durante el Franquismo, el régimen político actual directamente inspirado en el mismo, no es menos represor en lo ideológico, y continúa utilizando la misma estrategia de presentar a los vencidos como enemigos que quieren acabar con la paz social lograda en 1939, y refundada en 1978 con la Monarquía como principal valedora.
Esto nos lleva a plantearnos la pregunta del título de este artículo de opinión: ¿democracia dónde? ¿terrorista quién? La mejor respuesta sería conseguir abrir una brecha social y que estas cuestiones sean un debate central sobre el que hablar honestamente, marginando toda propaganda que pretenda desvirtuar la discusión llevándola al extremo de la banalidad.
1Ficheros Internos de Especial Seguimiento; una situación carcelaria de intervención de las comunicaciones y aislamiento. Como se define coloquialmente a veces, la cárcel dentro de la cárcel.
