Por Maria Calavera
Hacemos uso del agua en la mayoría de nuestras actividades cotidianas, nuestro cuerpo funciona a base de agua y pagamos por ello. No solamente dinero destinado a obtener el servicio, -aunque en zonas marginadas se cobran cantidades nada acordes con la realidad social- también tiene un coste en el impacto que su uso genera sobre el hábitat que compartimos con otras especies, así como en nuestra propia vida. Se opta por políticas que resultan en problemas de contaminación, modificación del ciclo hidrológico y por ende desplazamiento o deterioro de vegetación, animales, cualquier organismo vivo pero incluso ecosistemas enteros. Lo anterior debido a una mala regulación: la escasa trata de aguas residuales o con metales pesados, el desinterés por preservar manantiales, ríos, lagos, lagunas y mares, todas bondades de la gestión pública que tiene como prioridad cumplir con los compromisos que plantean los “Planes de Desarrollo”, que no involucran la preservación de la vida y distan de garantizar el acceso al agua.
En el contexto social humano, es evidente que la distribución es preferencial para algunos actores a los que llamaremos privilegiados, empresas privadas extranjeras y mexicanas a las que el gobierno ha facilitado concesiones para el uso, la regulación del agua y establecimiento de megaproyectos por sobre el equilibrio de los ecosistemas, utilizando una adaptación jurídica de la propiedad privada que pretende pasar inadvertida pero que igual destruye todo, el rentismo.
El fracaso de los preceptos declaratorios o constitucionales, de que el acceso al agua de calidad y saneamiento es un Derecho Humano, demuestra una vez más la falta de congruencia entre la legislación y la realidad de millones de personas. A pesar de que el Estado está obligado a garantizar y proteger este derecho se termina por reclamar o exigir, sobre todo en contextos desarrollistas donde la protección actúa pero a favor de la inversión privada. Se nos enseña a vivir exigiendo nuestros derechos, pero no a detenernos y reflexionar que es probablemente la propia estructura política protegida por leyes a la que hay que cuestionar, incluso destruir.
Abrimos el grifo del agua y no concebimos otra manera de obtenerla además de pagar por el servicio a instituciones públicas en las que confiamos ciegamente, y que sólo se han dedicado a la promoción de beneficios desiguales, o a sacrificar territorios y ecosistemas enteros. No obstante, existen numerosos ejemplos de comunidades, zonas rurales o suburbanas que autogestionan el agua, desde la captación, almacenamiento, riego, distribución o saneamiento: Morelia3, Chiapas4, Hidalgo, Edo. de México5, Puebla6, Tlaxcala, Sonora y Oaxaca2 son ejemplos de entidades con comunidades que practican la participación activa para asegurarse de recibir el vital líquido. La cosecha de lluvia, la captación para recarga de acuíferos y pozos o el almacenamiento para uso secundario son ejemplos de prácticas habituales en regiones de estas entidades. Lugares donde el gobierno ha intentado ejercer poder a partir de la imposición de medidas que le permitirían controlar el suministro del líquido; en los cuales la organización comunitaria ha sido fundamental.
“Nos oponemos rotundamente a que el agua, fundamento de la vida, pueda ser acaparada por intereses privados y a que sea considerada como una mercancía susceptible de venta y compra”, declaró la tribu Yaqui en el pronunciamiento durante el Primer Foro en Defensa del Agua, 2010, como parte de la resistencia en contra del Acueducto Independencia que afectaba severamente al pueblo1. A través del control del agua por parte del gobierno federal, estatal o municipal -aunque no únicamente por esta causa- los pueblos originarios fueron restando autonomía. La pérdida se visibiliza en la falta de desarrollo productivo para la agricultura, la fragmentación de las comunidades por el involucramiento de pobladores con agentes municipales o estatales, en el daño a la salud y la destrucción de todas las formas de vida alrededor. Este ejercicio de poder pone en evidencia la distancia que existe entre autonomía y dependencia cuando se trata de un elemento común1.
Al gobierno no le conviene que alguien tenga noción de lo que significa un mandato participativo de lo que ellos consideran “gestión de recursos”, pero que para muchas personas significa un elemento común. Cuando alguien se da cuenta del impacto que genera la participación activa en cualquier población, el gobierno no cede porque liberar la gestión de un “recurso” a una población significa participar de su propia autonomía. No por casualidad las resistencias y procesos señalados se han dado en pueblos originarios2, donde aún se reconoce el valor sagrado del agua3.
Desde cualquier ámbito, la administración pública sigue siendo solamente parte de un régimen, el estatal, que no se sitúa sobre las necesidades fundamentales para reproducir la vida. La humanidad ha perdurado desde hace miles de años y lo seguiría haciendo en caso de superar el desastre ambiental promovido por el modelo económico. Si deseamos cohabitar habrá que romper con la dependencia para asegurar elementos y prácticas comunes, uno fundamental es la gestión del agua.
En un escenario catastrófico, el ser humano tendría que recuperar el 70% de la materialidad que lo compone y que ha cedido, es decir, reapropiarse colectivamente y distribuir de forma equitativa el agua que necesita para existir como cuerpo y/o territorio constituido y funcional en su mayoría por agua. Tendría que retomar el control del abastecimiento pero responsabilizarse por su cuidado; con ello sería capaz de sostener su alimentación, prácticas culturales y la propia vida. En muchos lugares el escenario fatal ya está presente7.
Desde que el agua se gestiona como un recurso y no como un complemento para la vida se le trata como materia prima que mantiene operando al mismo sistema sostenido por los hidrocarburos y el trabajo. Bajo el dominio del gobierno mexicano, primero federal y después descentralizado, la gestión del agua se ha visto influenciada por intereses de particulares y casi nada en beneficio de la población. El tratamiento es casi nulo, favoreciendo la operación de la industria con vertimientos tóxicos o la propagación de contaminación en agua superficial y subterránea, que conduce a la eliminación de ecosistemas y el descenso paulatino en la salud de todos los seres vivos.
La federalización del agua en México que se emprendió hace más de 100 años con la subsiguiente descentralización y entrega a los gobiernos estatales, municipales, así como a la iniciativa privada5, no sólo significó ceder el control del agua sino transmutarla de elemento y experiencia común a un “recurso”, en cuanto a interacción social significó restar momentos de prácticas colectivas, aunque no la capacidad de generarlas. El agua es fundamental para la vida, pero también es una oportunidad para recuperar o promover existencias que nos sitúen en permanente camino hacia la autonomía. La participación activa o autorregulación por el agua significa cerrar la puerta a la dependencia estatal y privada, significa organización común. La lucha por el agua es también una lucha para resistir, construir, y un combate para recuperar territorios y la vida misma.
Notas:
1- Lerma Rodríguez, E. (2014). Notas para el análisis de la resistencia yaqui en contra del Acueducto Independencia. Sociológica (México), 29(82), 255-271.
2- Consulta Indígena, COPUDA, Flor y Canto. Publicado: 26 de enero de 2018. 16 comunidades zapotecas proponen una zona reglamentada comunitaria e indígena en Consulta Indígena a la CONAGUA. Página: http://cdiflorycanto.org/web/2018/01/26/16-comunidades-zapotecas-proponen-una-zona-reglamentada-comunitaria-e-indigena-en-consulta-indigena-a-la-conagua/ Consultada: 28 de enero de 2018, 4:50 p.m.
3- Argueta, A., & Castilleja, A. (2008). El agua entre los p’urhépecha de Michoacán. Cultura y representaciones sociales, 3(5), 64-87
4- Publicado: 17 de enero de 2018. Comunicado: Chiapas: Defensore/as de Acacoyagua prohiben la minería en dos núcleos agrarios y exigen que se respete su decisión”. Página: https://www.ocmal.org/comunicado-chiapas-defensoreas-de-acacoyagua-prohiben-la-mineria-en-dos-nucleos-agrarios-y-exigen-que-se-respete-su-decision/. Consultada: 28 ene. 18, 6:00 p.m.
5- Galindo-Escamilla, E., & Palerm-Viqueira, J. (2007). Pequeños sistemas de agua potable: entre la autogestión y el manejo municipal en el estado de Hidalgo, México. Agricultura, sociedad y desarrollo, 4(2), 127-145.
6- Publicado: 12 de agosto de 2016. Traiciona San Andrés Cholula acuerdos con Tlaxcalancingo sobre Agua Potable. Página: http://www.fmcholollan.org.mx/2016/12/08/traiciona-san-andres-cholula-acuerdos-con-tlaxcalancingo-sobre-agua-potable. Consultada: 17 diciembre del 2017 4:50 p.m.
7- EL PAÍS. Publicado: 27 de enero de 2018. Zimapán, la ciudad mexicana del agua envenenada Página: https://elpais.com/internacional/2018/01/26/mexico/1516995951_973825.html?id_externo_rsoc=FB_MX_CM. Consultado: 27 de enero de 2018, 7:40 p.m.
