La Formación Profesional reglada (la que se imparte en el sistema educativo) parece estar de moda. Gran parte de los fondos destinados a la educación dentro del programa Next Generation de la Unión Europea tiene como finalidad relanzar el sistema de FP.
El Ministerio de Educación y la Comisión Europea repiten una y otra vez que su objetivo fundamental es desarrollar un sistema integrado y plenamente desarrollado de Formación Profesional. El gobierno aprueba, hace poco más de un año, una nueva Ley Orgánica de Integración de la FP que anuncia un aumento decidido de la financiación del sistema público, conformado por la FP reglada, la continua (formación de los trabajadores en las empresas) y la ocupacional (formación de los desempleados bajo el paraguas del Servicio Público de Empleo).
El nuevo despliegue de la Formación Profesional tiene una razón de ser inconfesada pero profunda. Parte de la creciente crisis de reproducción de la clase media europea, en las últimas décadas puede achacarse a la obsolescencia y pérdida de valor de las credenciales académicas. La clase media, en España y en Europa, se construyó en gran parte gracias a la extensión del sistema universitario público. Los hijos de los obreros fueron a la universidad y, con sus nuevos y flamantes títulos académicos, consiguieron obtener empleos cualificados y “desclasarse”, gozar de una nueva forma de vida que les alejaba de la convivencia en las comunidades obreras y de la precariedad existencial ligada a la experiencia vital del proletariado.
Sin embargo, hace ya algún tiempo que el motor de desclasamiento constituido por las titulaciones universitarias está gripado, o funciona en el sentido contrario al esperado. Un título universitario ya no garantiza una vida de clase media. Los hijos e hijas de los titulados universitarios consiguen, también, sus títulos, pero no consiguen reproducir su forma de vida. La precariedad de los jóvenes titulados universitarios es una experiencia común en numerosos sectores económicos. Para la Comisión Europea toma la forma de la llamada “sobrecualificación de la fuerza de trabajo”. Si hacemos números, dicen los estudiosos del mercado laboral, nos sobran universitarios y nos faltan cuadros medios en las empresas.
Así que la clase media en crisis vuelve su mirada sobre la Formación Profesional. Los títulos de FP, en numerosos sectores productivos, aún garantizan una carrera profesional ajena a la precariedad, aunque no aseguren la reproducción completa de la forma de vida de clase media de la generación anterior. La FP se convierte en el horizonte de atención de la Comisión Europea y de los planificadores del mercado de trabajo y del mundo educativo. Multiplicando los centros y las titulaciones de Formación Profesional se puede hacer casar las necesidades de mano de obra especializada del sistema productivo con las expectativas académicas de la población.
Sin embargo, hay que tener presente que esta dinámica se implementa en una fase de hegemonía neoliberal sobre las políticas educativas y del mercado laboral. La existencia, en España, de un gobierno “progresista”, no implica el desarrollo de una vía alternativa para la FP, sino el despliegue del paradigma generalizado en Europa (profundamente neoliberal, ya lo hemos dicho) con algunas especificidades concretas.
Así, la Ley Orgánica de Integración de la FP, aprobada por el gobierno “progresista” sigue las líneas generales propuestas por los documentos de la Comisión Europea en las últimas décadas. Junto a la integración de los distintos subsistemas de FP se impulsa decididamente la interrelación entre los centros educativos y las empresas, así como, en la mayoría de las Comunidades Autónomas, se protege el mercado de los centros privados de FP limitando la financiación de los públicos y la creación de nuevos grupos, y sobrecargándolos de trabajo y de proyectos acometidos sin los recursos suficientes para ello.
Lo esencial a retener sobre la nueva regulación es lo siguiente: prácticas que en un contexto social igualitario e ideal podrían ser enormemente virtuosas, en otro contexto de hegemonía neoliberal e infradotación de los centros públicos podrían ser problemáticas o, directamente, podrían profundizar dinámicas dañinas para los estudiantes y profesionales implicados. Las contradicciones y posibilidades de la nueva Ley Orgánica se despliegan en ese contexto de ambigüedad. Veremos que sucede finalmente.
La Ley Orgánica apuesta por algunos elementos concretos: la integración de los distintos subsistemas de FP en uno sólo mediante un sistema de acreditaciones cruzadas de las competencias; el impulso de la FP Dual (es decir, el aumento decidido del tiempo de “prácticas” del alumnado en las empresas); la potenciación de la interrelación entre el mundo empresarial y el educativo, mediante la creación de distintas vías de colaboración entre empresas e institutos de FP (Aulas de Emprendimiento, diseño de titulaciones a impartir directamente en las empresas, mentores empresariales en las aulas de los centros, etc.); y la difusión del discurso del emprendimiento, como ideología subyacente a la comprensión del sistema productivo y las relaciones económicas por el alumnado. Analicemos someramente estos elementos y las contradicciones que incorporan.
La integración de los distintos subsistemas de FP (el del sistema educativo, la formación continua en las empresas y la formación para el empleo bajo el paraguas del SEPE) se realiza facilitando la acreditación cruzada de competencias profesionales. La suma de las competencias obtenidas en cualquiera de estos sistemas (o mediante la práctica profesional) puede permitir obtener una determinada titulación de FP o un certificado de profesionalidad. Las ventajas para los jóvenes profesionales que, muchas veces, se han incorporado al mercado laboral sin terminar sus estudios son claras: podrán convertir su experiencia en las empresas y la formación recibida fuera del ámbito académico en un título oficial o, al menos, convalidar parte de sus enseñanzas.
Parece algo justo y necesario. Pero incorpora un elemento preocupante: al equiparar un título académico reglado y oficial con la sumatoria de unas competencias que se pueden obtener mediante formaciones o experiencias aisladas, se abre la puerta a la sustitución del sistema público de FP reglada (basado en centros educativos públicos que imparten titulaciones homologadas) por una plétora de microenseñanzas impartidas por todo tipo de actores privados. Esto podría llevar a sustituir la FP incardinada en el sistema educativo por un ecosistema parecido al de los llamados “cursos del paro”, impartidos por empresas privadas (aún subvencionadas con fondos públicos) y en ocasiones de dudosa solvencia académica o profesional. Una vía de privatización indirecta del sistema de Formación Profesional que podría acompañar las dinámicas de infradotación y sobrecarga burocrática con las que se ha pretendido limitar el despliegue de la FP pública en determinadas Comunidades Autónomas.
Lo mismo sucede con el impulso de la FP Dual. El modelo Dual de Formación Profesional está muy extendido en el Norte de Europa, pero incorpora elementos que no se han desarrollado aún en nuestro país, como la homologación pública de quienes tutorizan las prácticas en las empresas o el control sindical de las actividades de los alumnos en formación en la empresa. Además, la hegemonía de la formación Dual en lugares como Alemania, no es universal: hay sectores donde se mantiene la FP clásica (con menos prácticas), y el modelo Dual se implementa preferentemente en sectores industriales conformados por grandes entidades empresariales.
La FP Dual parece pensada para cumplir la promesa libertaria, desarrollada por el movimiento obrero en el pasado siglo XX, de una formación integral que aúne los conocimientos teóricos con la experiencia productiva y la actividad práctica. Sin embargo, su implementación efectiva en un contexto de hegemonía neoliberal no está exenta de contradicciones y límites. Puede ser usada como una fuente de trabajo barato por parte de las empresas, ante las dificultades para el control de lo que se hace en las prácticas que implica el recorte constante de las horas lectivas otorgadas a los tutores de los centros educativos para efectuar dicho control. No existe, tampoco, un Banco Público de empresas fiables, y son los propios docentes, sobrecargados de trabajo burocrático y con recursos limitados, los que han de buscar las empresas donde realizar las prácticas en un interminable y, muchas veces angustioso, proceso de prueba y error. La insistencia en las prácticas también puede limitar la polivalencia de los aprendizajes de los estudiantes en sectores donde las variaciones en la estructura orgánica de las empresas son importantes. Y, además, hemos de tener en cuenta que una titulación es algo más que la sumatoria de unas asignaturas o de una experiencia laboral. Una titulación profesional debería de implicar una visión holística de la profesión y de la vida productiva que sólo puede alcanzarse por la convivencia en un ecosistema de aprendizaje complejo y enriquecedor. Sumar certificados aislados, obtenidos ocasionalmente, difícilmente puede sustituir varios años de convivencia con profesionales, compañeros y docentes en un centro educativo donde se problematiza y encarna el ethos profesional de una forma holística.
El impulso de la interrelación entre las empresas y los centros educativos y del discurso del emprendimiento entre el alumnado, tiene también su lado bueno y sus contradicciones asociadas. La FP es una enseñanza vinculada directamente con la empleabilidad y ha de tener una fuerte vinculación con la realidad del sistema productivo. La relación con las empresas es un ámbito estratégico esencial para cualquier centro de FP, ya sea público o privado.
La multiplicación de las Aulas Profesionales de Emprendimiento y de las formas de colaboración con el tejido empresarial es, claramente, una buena idea, siempre que los centros educativos públicos no pierdan de vista que el objetivo final de dicha colaboración es la prestación, con la mayor calidad posible, del servicio público educativo y no su supeditación a los intereses de la empresa privada. Mariana Mazzucatto habla de que el “Estado emprendedor” no ha de perder el control de la finalidad y las formas de desarrollo de la “colaboración público-privada”. No podemos ser menos que esta representante de las corrientes más modernas de la socialdemocracia. Los objetivos de la colaboración de los centros públicos con las empresas han de ser firmemente sopesados y controlados por los profesores y las direcciones de dichos centros. Tenemos un servicio público que prestar, y para ello podemos colaborar amigablemente con múltiples actores, pero no podemos renunciar a delimitar los objetivos y formas de dicha colaboración para que sean funcionales para nuestro alumnado y para la sociedad.
Respecto al impulso del discurso emprendedor podríamos hablar largamente del tema y se nos acaba el espacio. Lo cierto es que nuestra sociedad es enormemente compleja e incorpora muchos prismas distintos desde los que comprender el mundo productivo y la vida laboral. El discurso emprendedor es uno de ellos, pero hay otros, como el discurso sindical, el espiritual, el feminista o el ecologista. El pluralismo es uno de los elementos centrales, se supone, de nuestra arquitectura constitucional. Desde los centros públicos debemos entender ese pluralismo como riqueza y dar acceso a los futuros ciudadanos y trabajadores a esa variedad de formas de ver la vida y el trabajo. No se trata de proscribir el discurso emprendedor, sino de poner encima de la mesa (en la pizarra del aula), también, los debates que existen en la sociedad sobre la crisis ecológica, la desigualdad de género, los derechos humanos o la precariedad laboral. Si los centros públicos deben colaborar con las empresas, para acercar al alumnado al sistema productivo, también deben hacerlo con los sindicatos, las asociaciones ecologistas y feministas o las experiencias de economía social y solidaria.
En tiempos de hegemonía neoliberal, toda nueva regulación de la FP conlleva sus contradicciones y peligros. Quizás lo mejor que podemos hacer para construir otra FP distinta (aun con los mismos mimbres) es quebrar esa hegemonía. Cambiar la sociedad para cambiar nuestra forma de conocerla y nombrarla. Nombrarla y organizarla de otra manera para que las futuras generaciones puedan aprender a trabajar en otro mundo posible, sin precariedad ni explotación.
Publicado originalmente en Kaosenlared por José Luis Carretero.
