Represión y Estado Policial en la Italia de Meloni

Un grito colectivo en las calles de Italia

El pasado 5 de octubre, cerca de 10.000 personas se congregaron en las calles de Roma en una manifestación masiva que resonó como un eco de la resistencia frente a las crecientes medidas represivas del gobierno de Giorgia Meloni. La multitud, unida por la defensa de los derechos civiles y la lucha contra la opresión (y represión), dejó claro que la voz del pueblo no puede ser silenciada. Esta jornada de protesta no solo representó la oposición al “DDL 1660”, un proyecto de ley que busca restringir las libertades fundamentales y criminalizar la disidencia, sino que también se alzó en solidaridad con el pueblo palestino y libanés, recordando que la lucha por la justicia es una lucha global.

Sin embargo, esta jornada se desarrolló de una manera que tiene pocos precedentes recientes: paradas al bajar de los trenes, búsquedas en autobuses (incluso los privados), paradas en los peajes de las autopistas… De hecho, algunos autobuses que venían de otras ciudades fueron detenidos, registrados y escoltados hasta los límites de la provincia de Roma.

Más de 1.600 personas fueron controladas por las fuerzas del Estado, 200 en total fueron expulsadas de la ciudad, 51 de las cuales recibieron órdenes de expulsión durante un período de entre 6 meses y 4 años. Estas medidas cautelares se impusieron a todo aquel que tuviera un solo proceso en curso (aún sin concluir) por delitos imputables a las manifestaciones en la plaza.

La plaza donde se realizó la manifestación estaba intensamente controlada, con salidas bloqueadas y puntos de acceso restringidos mediante puertas de control, donde se solicitaban documentos y se realizaban identificaciones. Esto dificultó la llegada segura de miles de personas, generando un ambiente de tensión. A pesar de las peticiones para permitir el libre tránsito, las autoridades continuaron a los manifestantes en Piazzale Ostiense, lo que derivó en fuertes enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía, que respondió con porrazos y lanzamiento de gas. Los enfrentamientos resultaron en la detención de cuatro personas (entre ellas Tiziano, quien se enfrenta a un arresto domiciliario en espera de juicio) y en al menos 24 agentes heridos, 20 de la policía y 4 de la guardia de finanza (policía fiscal); así como tres manifestantes, según comunican los medios locales.

Posteriormente, la policía llevó a cabo allanamientos y provocaciones en varias zonas de la ciudad. Se anunció solidaridad con los detenidos, incluyendo las 51 personas con órdenes de deportación, y se movilizaron recursos legales y políticos en su defensa. Las consignas, que llamaban a la resistencia contra la guerra y el colonialismo, encontraron un eco particular en el contexto actual de Italia, donde el DDL 1660 amenaza con despojar a los ciudadanos de sus derechos fundamentales.

La extrema derecha en el poder y la represión

Italia, a lo largo de su historia reciente, ha sido testigo de una creciente ola de medidas represivas que han limitado las libertades individuales y colectivas. Desde el gobierno de Matteo Salvini hasta el actual de Giorgia Meloni, se han aprobado diversas leyes que restringen el derecho a la protesta y criminalizan las acciones de resistencia. Este patrón de opresión no es nuevo: se inscribe en una tradición política que ve en la disidencia una amenaza a la estabilidad del estado. Lo mismo se vive en el estado español desde el 2015 con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana también conocida como “Ley Mordaza”, en la que se introdujeron nuevos poderes y facultades para la policía.

En este sentido, el DDL 1660 no es más que la culminación de un proceso de erosión de derechos que se ha acelerado en los últimos años. La historia de Italia está marcada por movimientos sociales que han luchado por derechos fundamentales, y ahora, frente a esta nueva amenaza, es fundamental recordar las lecciones del pasado y reforzar la unidad en la lucha.

El DDL 1660 – Un arma contra la disidencia

El DDL 1660, apodado “ley-porra” o “ley anti-Ghandi” por sus críticos, ha sido presentada como una respuesta necesaria a la “emergencia” que enfrenta Italia, pero en realidad es un intento calculado de silenciar la disidencia y controlar las luchas sociales. Este proyecto de ley, que se ha discutido en las Cámaras desde el 10 de septiembre, introduce nuevas penalizaciones y categorías delictivas que amenazan gravemente el derecho a la protesta. Según el manifiesto emitido por diversos colectivos, esta ley busca “ajustar cuentas” con las realidades de lucha en curso y frenar cualquier resistencia organizada.

El DDL 1660 presenta un conjunto de medidas que transforman el marco legal en el que operan las luchas sociales. Esta legislación se erige como un muro contra la acción colectiva, buscando aplastar las voces disidentes que claman por la justicia.

Algunas de las disposiciones más preocupantes incluyen:

Corte de carreteras como delito penal: La interrupción de carreteras se convierte en un delito penal con penas de hasta 2 años de prisión.
Protestas en prisión y centros de reclusión: Las manifestaciones en cárceles y centros de inmigrantes pueden ser castigadas con penas de hasta 20 años de prisión.
Protestas contra grandes obras: También se establece la penalización de las protestas contra grandes obras, con castigos similares a los anteriores.
Propaganda de luchas sociales: Se considera punible la “propaganda” relacionada con las luchas sociales, con penas de hasta 6 años, bajo la etiqueta de “terrorismo de palabra”. Algunos de los casos que ya están en curso pueden servir como ejemplo: el activismo pro-palestino o el caso de Scripta Scelera.
Ocupación de casas vacantes: La ocupación de propiedades vacías, así como la solidaridad con tales ocupaciones, puede conllevar penas de hasta 7 años de prisión.
Resistencia activa: Se establece una pena de hasta 15 años por resistencia activa durante manifestaciones o enfrentamientos con las autoridades.
Resistencia pasiva: La resistencia pasiva, considerada un nuevo delito (denominado “antiGhandi”), puede ser castigada con penas de hasta 4 años de prisión.
Facultad de las fuerzas del orden: Se otorga a las fuerzas del orden la facultad de portar una segunda arma personal, además de su arma oficial, incluso cuando no están de servicio.
Prisión para mujeres embarazadas: Se elimina la excepción que excluía a las mujeres embarazadas o con hijos menores de 1 año de ir a prisión, por lo que pueden ser encarceladas inmediatamente.
Restricciones a inmigrantes sin permiso: Se prohíbe a los inmigrantes en situación irregular el uso de teléfonos celulares, vinculando la adquisición de una tarjeta SIM a la posesión de un permiso de residencia.

Estas medidas tienen un impacto devastador en las luchas actuales, ya que buscan deslegitimar y criminalizar la acción colectiva y la protesta social. La implementación de esta legislación no solo crea un clima de miedo, sino que también impide el desarrollo de movimientos que buscan transformar la sociedad.

Las controversiales medidas del gobierno de Meloni

Además del DDL 1660, el gobierno de Giorgia Meloni ha implementado otras medidas controvertidas que han generado un profundo malestar social. Muchos lo ven como un regreso a un pasado nostálgico de Italia que nunca fue enterrado. Estas incluyen:

Detención de activistas: Casos como el de Luigi Spera y Giacomo Baggio Zilio muestran cómo el activismo pacífico, incluso en protestas no violentas, es reprimido con detenciones y cargos severos. Spera fue encarcelado por protestar frente a una empresa de armas, y Zilio enfrenta restricciones antimafia por arrojar confeti en una manifestación ambiental.
Restricción del derecho al aborto: Se ha ejercido presión sobre las mujeres que buscan abortar, forzándolas a pasar por procesos humillantes como escuchar el latido del feto antes de poder proceder. Además, la influencia de activistas antiabortistas dentro de las clínicas ha aumentado, dificultando el acceso a este derecho.
Promoción de valores conservadores y tradicionales: Se ha impulsado la defensa de la familia tradicional, limitando los derechos de la comunidad LGBT+ y restringiendo el acceso al matrimonio igualitario, la adopción y otras protecciones legales para parejas del mismo sexo.
Políticas antimigración: Italia ha cerrado sus puertos a barcos que rescatan a migrantes en el Mediterráneo, lo que refuerza una narrativa racista y xenófoba. Los refugiados y migrantes son presentados como criminales y se ha justificado su rechazo en nombre de la protección nacional.
Fomento del nacionalismo: El gobierno de Meloni, especialmente a través de figuras como Matteo Salvini, ha promovido políticas que refuerzan la idea de “Italia para los italianos”, exacerbando sentimientos nacionalistas y excluyendo a los inmigrantes, refugiados y minorías étnicas.
Penalizaciones para okupas: Penas de dos a siete años de cárcel por ocupar inmuebles o impedir el acceso a los propietarios.
Castración química para agresores sexuales: Propuesta para establecer una comisión técnica que estudie la posible implementación de la castración química, aunque su eficacia es discutida. Esta propuesta refleja un enfoque punitivo en lugar de uno centrado en la prevención y el tratamiento.
Recuperación del servicio militar obligatorio: Propuestas para reinstaurar el servicio militar obligatorio se han discutido en el parlamento, abriendo la puerta a un posible militarismo en la sociedad.
Prohibición del Cannabis Light (CBD): El decreto que equipara el cannabis light a otras drogas afecta a un sector que había crecido significativamente, generando críticas por parte de diversas organizaciones.
Fin de la Excepción para Mujeres Embarazadas: La eliminación de la cláusula que excluía a mujeres embarazadas o con niños menores de un año de ir a prisión es un claro ejemplo del enfoque represivo del gobierno.

Estas medidas han sido objeto de fuertes críticas por parte de la oposición, juristas y organizaciones de derechos humanos, que las consideran liberticidas y alineadas con un enfoque autoritario.

La respuesta de los movimientos sociales

Frente a la creciente represión, los movimientos sociales han respondido con determinación y unidad. La manifestación del 5 de octubre fue solo una de las muchas acciones organizadas en oposición al DDL 1660 y a las medidas represivas del gobierno. El manifiesto emitido por diversos colectivos es un llamado a la solidaridad y la acción colectiva, destacando que la lucha no puede ser dividida por diferencias ideológicas o tácticas.

Las asambleas organizadas en diferentes ciudades han buscado crear una coordinación permanente entre movimientos, colectivos y organizaciones, estableciendo nodos locales que promuevan la lucha contra el DDL 1660 y la militarización de la política. Se ha enfatizado la importancia de una movilización unificada, que trascienda las fronteras sectoriales y fomente la acción colectiva en defensa de los derechos humanos y la justicia social.

El 21 de septiembre, se organizó una manifestación en Florencia contra la guerra, la OTAN y el gasto militar, como parte de una serie de acciones coordinadas para enfrentar el DDL 1660. Las movilizaciones en Bolonia y otras ciudades han logrado atraer a diversos sectores de la sociedad, demostrando que la resistencia es posible cuando se trabaja en unidad.

Implicaciones de la represión

El DDL 1660 es un síntoma de una tendencia preocupante: el creciente autoritarismo de los gobiernos de derecha en Europa. Lo que está ocurriendo en Italia no es un fenómeno aislado; es parte de un movimiento global que busca consolidar el poder a expensas de las libertades civiles.

La represión y el endurecimiento de las leyes bajo el gobierno de Meloni tienen profundas implicaciones para la sociedad italiana. La criminalización de la disidencia y la deslegitimación de la protesta son tácticas que buscan desmantelar el tejido social de resistencia y empoderamiento. Al introducir medidas que limitan la libertad de expresión y el derecho a protestar, el gobierno está sembrando un clima de miedo que puede resultar en la desmovilización de las luchas sociales y la creciente fuerza de grupos autoritarios.

La política represiva también tiene un efecto desproporcionado en las comunidades más vulnerables, que son las más afectadas por las medidas de austeridad y la opresión. La resistencia pasiva penalizada en las cárceles y los centros de acogida es un claro ejemplo de cómo las políticas del gobierno de Meloni deshumanizan a los grupos en situación de vulnerabilidad.

El aumento de poderes para la policía y la impunidad en casos de abuso representan un retroceso en la protección de los derechos humanos y una normalización de la violencia institucional y callejera. Esta situación es alarmante, ya que, si no se enfrenta con determinación, puede llevar a una erosión irreversible de los derechos civiles en Italia.

Los movimientos sociales deben ser conscientes de que la lucha no solo es contra leyes específicas, sino contra un sistema que busca reprimir cualquier forma de resistencia. Es vital que estos movimientos no solo resistan la opresión, sino que también articulen una visión alternativa de sociedad basada en la justicia social, la equidad y el respeto a los derechos humanos.

¿Cómo está el movimiento anticapitalista en Italia?

Hablando con compañerxs de Roma, nos comentan que el movimiento anticapitalista en Italia enfrenta una serie de desafíos profundos, tanto por su historia como por el contexto sociopolítico actual. Desde sus orígenes, ha estado marcado por una rica tradición teórica y un alto grado de debate interno. A lo largo de los años, esta fragmentación ha generado diversas divisiones que han afectado tanto su cohesión como su capacidad para organizarse de manera efectiva. La coexistencia de enfoques contradictorios, tanto en términos teóricos como prácticos, ha dificultado que el movimiento funcione como una fuerza unida. Además, la herencia del Partido Comunista Italiano (PCI) ha sido un factor clave en la configuración de la izquierda italiana, ya que el PCI, al ocupar gran parte del espacio político, bloqueó el desarrollo de corrientes más radicales como el anarquismo y el autonomismo. Con la desaparición del PCI, su sucesor, el Partido Democrático, se ha alejado de las ideas de izquierda y ha adoptado una postura neoliberal, alienando aún más a los movimientos anticapitalistas.

A nivel organizativo, el movimiento enfrenta graves dificultades. Aunque los espacios ocupados o “squats” han sido históricamente puntos clave de resistencia, mantenerlos abiertos en el contexto actual de represión y escasez de recursos es cada vez más complicado. La falta de cohesión interna dentro del movimiento agrava este problema, ya que los conflictos entre generaciones y las divisiones ideológicas limitan la cooperación efectiva. Además, el desinterés generalizado de la sociedad italiana hacia el movimiento anticapitalista ha contribuido a su invisibilidad. A pesar de la represión estatal, el movimiento no es percibido como peligroso, sino más bien como irrelevante, lo que dificulta su capacidad para influir en la opinión pública y movilizar a nuevos seguidores. Esta apatía, en combinación con un discurso burgués dominante que predomina en las instituciones educativas y en los medios de comunicación, refuerza la idea de que las luchas sociales carecen de impacto real.

A pesar de estos obstáculos, el movimiento anticapitalista en Italia sigue resistiendo. La presencia de activistas comprometidos y teóricamente sólidos, como los anarquistas, demuestra que, aunque sea una minoría, el movimiento aún tiene la capacidad de generar miedo en las estructuras de poder. Sin embargo, su principal desafío es atraer a una nueva generación de militantes y superar la fragmentación que limita su efectividad. Si bien no se trata de buscar una mayoría parlamentaria o electoral, la falta de participación masiva en las estructuras de organización del movimiento impide que este tenga un impacto mayor en las luchas políticas. El futuro del movimiento depende de su capacidad para superar la apatía social, revitalizar sus estrategias y adaptarse a un contexto cada vez más represivo, sin perder de vista la importancia de mantener un espíritu radical y anticapitalista.

Un llamado a la resistencia

A medida que avanzan las discusiones sobre el DDL 1660 y otras medidas represivas, es crucial reflexionar sobre cómo podría evolucionar la situación. La historia ha demostrado que, en los momentos de mayor opresión, las respuestas colectivas suelen fortalecerse. Si bien la criminalización de la protesta busca desmovilizar, también puede resultar en una revitalización del activismo y la creación de nuevas formas de resistencia.

Los movimientos sociales tienen la responsabilidad de articular estrategias que no solo resistan las leyes represivas, sino que también propongan alternativas viables. La solidaridad internacional juega un papel fundamental en este contexto; es imperativo que las luchas locales se conecten con las luchas globales. La resistencia a la ocupación y la lucha por los derechos de los palestinos, junto a la lucha contra la represión estatal, son ejemplos de cómo diversos frentes pueden entrelazarse y fortalecerse mutuamente.

Además, es necesario que los movimientos trabajen en la creación de espacios seguros para el debate y la organización. La construcción de redes de apoyo y la promoción de la acción directa son estrategias clave para contrarrestar la represión. Las luchas por la vivienda, el trabajo y el derecho a la salud deben ser el núcleo de una agenda unificada que desafíe el autoritarismo en todas sus formas.

Es crucial que la comunidad se movilice y tome acción frente a estas medidas. La historia ha demostrado que los derechos no son irrevocables y que siempre hay que defenderlos. Por ello, hacemos un llamado a todos y todas para que se unan a la lucha, participen en manifestaciones, asambleas y acciones de resistencia.

La solidaridad y el apoyo mutuo son la base sobre la cual se construyen los movimientos de cambio. ¡La unión hace la fuerza! No permitiremos que se pisoteen nuestros derechos y libertades. Los derechos nunca son permanentes. Cabe a cada persona la responsabilidad de defenderlos, pues la historia nos ha demostrado que los avances sociales y las libertades pueden ser arrebatados si no se protegen activamente.

La construcción de un futuro más justo y equitativo depende de nuestra capacidad para organizarnos y luchar juntos. Sea en el estado italiano, español, palestino o ruso.

La defensa de los derechos es una lucha continua: ¡No Hay Derechos Irrevocables!

El DDL 1660 simboliza la fragilidad de los derechos y libertades que damos por garantizados. En Italia, estamos viendo cómo un gobierno en democracia puede, bajo el pretexto de la seguridad, desmantelar progresivamente las conquistas sociales que costaron décadas de lucha. Pero esta situación no es irreversible. La movilización del 5 de octubre es solo un ejemplo del poder que tiene el pueblo cuando se organiza y responde con firmeza ante las injusticias.

No hay derechos irrevocables. Las conquistas sociales no son regalos otorgados por los gobiernos, sino victorias ganadas a través de la lucha constante del pueblo. Si queremos proteger nuestros derechos, debemos estar siempre dispuestos a defenderlos, a cuestionar el poder y a resistir las medidas que busquen arrebatárnoslos. Italia se encuentra en un momento crítico, y el futuro de sus derechos democráticos depende de la capacidad de su gente para unirse y luchar.

La resistencia es el único camino, y la historia está de nuestro lado. Como expresó el manifiesto de los movimientos sociales tras la manifestación del 5 de octubre: “La libertad no es un estado natural; es una conquista constante”. Hoy más que nunca, debemos recordar estas palabras y continuar la lucha. El autoritarismo puede ser derrotado, pero solo si mantenemos la guardia alta y permanecemos unidos. Porque los derechos, como la libertad, solo existen mientras estemos dispuestos a defenderlos.