El Caso Almería

Primer episodio del serial sobre los crímenes del estado español en «democracia».

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El recorrido en el que hoy nos embarcaremos no será agradable. Nos adentraremos en las ponzoñosas penumbras de un estado, el cual, como todos los de su especie, tiene las manos manchadas de sangre. Crímenes que son calificados como errores, infortunios o inevitables daños colaterales por sus voceros informativos. En los años de la mal llamada democracia, decenas de personas han sido asesinadas por personajes funestos en contextos muy variados. Pese a todo, encontramos un patrón común: el responsable final del crimen fue el estado —esto incluye a burócratas, mamporreros, políticos de diferente signo o beneficiados de este modelo—. Desde este primer episodio trataremos de hacer una radiografía de esta realidad tan compleja de asumir por aquellos que compran los axiomas de la socialdemocracia. En la primera parada nos desplazaremos hasta Almería para conocer con mayor profundidad la masacre perpetrada sobre Juan Mañas, Luis Cobo y Luis Montero.

El crimen tuvo lugar en 1981, año de marcada agitación política y social. Adolfo Suárez había renunciado a la presidencia del gobierno a principios de año. Durante la votación para la investidura de su sucesor, Leopoldo Calvo-Sotelo —también de Unión de Centro Democrático, UCD—, se produjo el intento de Golpe de Estado de Tejero, el archiconocido como 23F. Por otra parte, la agitación en las calles era constante. Eran los años de mayor acción de ETA, mientras que otros grupos como la Triple A o los GRAPO estaban en diferentes momentos de su lucha armada por motivos bien diferenciados. También actuaban decenas de grupúsculos de forma más o menos violenta. Por su parte, las fuerzas del estado represaliaban, torturaban y mataban como buenas herederas de una dictadura en la que se habían formado. De esta forma, el jueves 7 de mayo se produjo un sonado atentado de ETA en Madrid. 

Dos personas montadas en una motocicleta lanzaron una bomba a un vehículo en el que viajaban cuatro militares, entre ellos estaba el general Joaquín de Valenzuela, jefe del cuarto militar del rey. Presumiblemente este hombre era el objetivo principal del atentado, pero fue el único de los militares que sobrevivió. Además del general, resultaron heridas otras 20 personas. Estos y otros testigos darían detalles descriptivos a la policía sobre los atacantes fugados. Al día siguiente ya circulaba el rostro de los supuestos miembros del comando de ETA por los diferentes medios de información.

Aquel mismo jueves llegaron a Madrid tres trabajadores de la industria ferroviaria procedentes de Santander. Sus nombres eran Juan Mañas, de 24 años y natural de Pechina (Almería); Luis Cobo, santanderino de 29 años; y Luis Montero, salmantino de 33 años. Los tres eran compañeros de trabajo y amigos. Se dirigían a Almería para la comunión del hermano pequeño de Juan Mañas. Una excusa perfecta para que sus amigos conocieran la tierra del más joven del grupo. Como el viaje era largo y el coche en el que viajaban empezaba a dar problemas, decidieron hacer noche en Madrid en casa de un amigo. Retomarían el viaje a la mañana siguiente.

Durante el 8 de mayo se producirían una serie de fatalidades que serían determinantes en el destino que correrían. A la altura de El Provencio (Cuenca) el coche terminó por averiarse. Tras acudir a un taller, el mecánico les indicó que la reparación no sería sencilla y tardaría unos días en tener listo el vehículo. Los tres amigos decidieron entonces viajar en tren hasta Andalucía, recogiendo a la vuelta el automóvil. El mecánico les acercó entonces a la cercana población de Villarrobledo (Albacete), lugar en el que cogerían un tren hasta Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Desde este último municipio pasaba una línea con destino Almería, sin embargo, su periplo por tierras de La Mancha les tenía reservado un nuevo episodio. El tren no saldría hasta la madrugada, lo cual les retrasaría en exceso. Fue entonces cuando decidieron alquilar un coche en Manzanares (Ciudad Real) para ya sí, llegar a Pechina (Almería) en la madrugada del 8 al 9 de mayo.

Los jóvenes durmieron en la casa familiar y pasaron la jornada del sábado recorriendo diferentes puntos de la geografía almeriense. La comunión del hermano de Mañas sería el domingo y querían disfrutar del fin de semana lo máximo posible. No podían sospechar lo que a la misma hora estaba sucediendo en tierras de Castilla. Los periódicos de todo el estado seguían al detalle lo acaecido en el atentado de ETA en Madrid. Los medios solicitaban a su vez la colaboración ciudadana, una supuesta colaboración que fue crucial en el crimen que estaba por suceder. Un habitante «bienintencionado» de Alcázar se San Juan creyó ver en las fotografías publicadas por la prensa a los jóvenes que procedían de Santander, aunque vista la comparativa de imágenes había que tirar de imaginación. Tras comentarlo con un grupo de taxistas y un viandante, se produjeron dos denuncias, una a la guardia civil y la otra a la policía, organismos que por entonces trabajaban de forma independiente sin compartir prácticamente información. Cabe apuntar que la prensa ya señalaba a tres personas como implicadas en el atentado de Madrid: Bereciartúa y Mazusta como autores materiales y Andrés Izaguirre como líder del comando. La dirección general de la guardia civil informaría así a las 14:15 a las diferentes comandancias:

Día hoy en Alcázar de San Juan fueron identificados por varios taxistas y  funcionarios  Renfe  Beizuartua  y  Mazusta,  miembros  ETA,  acompañados  de  otro  individuo,  como  consecuencia  fotografía  publicada  prensa  hoy.  Dichos  individuos  fueron  vistos  en  Alcázar  17,00  horas  de  ayer,  trasladándose  en  ferrocarril hasta Manzanares, donde alquilaron vehículo alquiler sin conductor Ford  Fiesta,  matrícula  CR-1.625-D,  verde,  a  nombre  de  Luis  Cobo  (…)  preguntaron sobre carretera Almería.

Sin contrastar la información, la propia dirección de la guardia civil ya daba por verídica la denuncia interpuesta por los «bienintencionados» ciudadanos. Prueba de la incompetencia del telegrafista, escribió incorrectamente el apellido Bereciartúa. Un poco más tarde enviaron un segundo telex:

Ante  la  evidencia  de  que  los  miembros  de  ETA  militar  Beizuartua,  Mazusta y otro más no identificado, autores del atentado del Teniente General Valenzuela,  fueron  vistos  en  Alcázar  de  San  Juan  a  las  17,00  horas  de  ayer día 8, trasladándose en ferrocarril hasta Manzanares, donde alquilaron vehículo sin  conductor  Ford  Fiesta,  matrícula  CR-  1.625-D,  color  verde,  a  nombre  de  Luis Cobo (…), deberá dar las órdenes convenientes a todas las unidades esa zona para que intensifiquen los controles y servicios para su identificación y detención, prestando  especial  atención  a  la  localización  de  coches  robados  desde el día de ayer, ante la posibilidad de que hayan cambiado de vehículo.

La afirmación tajante expuesta en la primera línea es sangrante y falta de cualquier tipo de ética. Por su parte, los jóvenes ferroviarios seguían su periplo por la provincia almeriense sin saber que estaban en búsqueda y captura. Así, llegaron a Roquetas de Mar en el vehículo alquilado que a esas horas ya estaba registrado en todas las dependencias de la guardia civil. Eran las nueve de la noche cuando fueron arrestados a punta de pistola en una tienda de souvenirs. Tras registrar el coche, no encontraron armas, ni nada que les hiciera sospechosos del atentado. La dependienta del establecimiento sería la última persona, además de los asesinos, en ver con vida a estos tres jóvenes. Nueve horas más tarde aparecerían sus cuerpos desmembrados, calcinados y cosidos a balazos.

La familia de Juan Mañas comenzó a buscar a los desaparecidos la mañana del 10 de mayo al descubrir que no habían regresado a pasar la noche a Pechina. La certeza de que algo trágico había sucedido se constataba en el hecho de que los padres no acudieron a la primera comunión de su hijo pequeño, el cual dejaría de ser niño desde aquel día. La familia de Mañas fue tratada con desprecio y soberbia en las dependencias de la guardia civil, a las cuales habían acudido aquella mañana por si encontraban pistas del paradero de su hijo y de sus amigos. Unas horas más tarde se enterarían a través de la televisión del trágico asesinato. Así relató años más tarde Francisco, el niño que hizo la comunión aquel día, aquellos difíciles momentos.

Una vez que mis padres se enteran de la noticia por el telediario del domingo 10 de mayo, me envían a casa de unos amigos para que yo no presencie la realidad de lo ocurrido, porque ni mis padres ni mis hermanos sabían en ese momento cómo afrontar una noticia tan atroz y totalmente injustificada, sólo sabían según el telediario que tres terroristas habían sido encontrados totalmente carbonizados en el interior de un coche en la carretera de Gérgal; y aún sin tener la información de manera oficial sabían que se trataba de mi hermano y sus amigos. Yo, una vez en casa de los amigos de mis padres y ajeno a la noticia, esperaba impaciente y con mucha ilusión que mi hermano y sus amigos apareciesen en algún momento, desafortunadamente mis deseos se quedaron solo en una ilusión frustrada, pues jamás los volvería a ver.

El 12 de mayo, una vez terminado el entierro, vuelvo a casa y noté un ambiente muy extraño, nadie hablaba ante mi presencia, pregunto a mi madre que dónde estaba mi hermano y sus amigos, que si ya sabían algo, en ese momento mi madre sin ninguna preparación ni ayuda psicológica tuvo que hacer frente a mi pregunta. Con un nudo en la garganta y lágrimas en los ojos me dijo que Juan y sus compañeros estaban muertos, la guardia civil los había matado. No me quedó otra opción que digerir la noticia y pensar que por venir a mi primera comunión ellos estaban muertos, comienzo a llorar y acompaño abrazado a mi madre en sus lágrimas y dolor.

Con la familia totalmente devastada, aparecieron dos personas vestidas de civiles en la casa de Pechina. María Morales, madre de Juan Mañas, habló así de aquel tétrico encuentro con estos funcionarios que a buen seguro serían de los que limpiaban su conciencia diciendo que solo cumplían con su trabajo.

Al otro día vienen y me dicen, el juez creo, ‘señora, vamos a hablar con usted en privado’. Los metí en la alcoba. Y me dicen: ‘Si usted nos da la palabra de que no va a abrir la caja le mandamos a su hijo para arriba, pero si la va a abrir no se lo mandamos’. Porque me decían que la caja venía tapada con clavos. Y yo les dije: ‘Me la mandan, que yo no la voy a abrir’.

[…]

Vino uno a por el reloj, un guardia, que si yo lo sé pues de mi casa no sale. Y se llevó el reloj, porque decía que el reloj era una bomba de los terroristas.

Desde que cometieran el asesinato, las autoridades comienzan a falsear pruebas, obstruir las investigaciones y elaboran una burda recreación de los hechos que buscaba la exculpación total. Al día siguiente, todos los guardias darían la misma declaración al juez instructor. Según su versión, iban a trasladar a los detenidos a Madrid dentro del Ford Fiesta alquilado —algo improcedente, ya que de ser cierto que iban a Madrid, deberían haberlo hecho en un coche oficial—. Al parecer los tres detenidos iban esposados en la parte trasera de este vehículo con dos guardias civiles en la parte delantera. El coche fue escoltado por otros vehículos no oficiales. En un momento dado, en la carretera de Gérgal —la cual no iba a Madrid—, los tres detenidos habrían atacado a los guardias que tuvieron la destreza de lanzarse con el coche en marcha. La fortuna quiso que, según esta versión, salieran impolutos y sin un solo rasguño de la caída. El teniente coronel Carlos Castillo Quero al presenciar la pericia desde uno de los coches de la escolta, habría ordenado que los vehículos se detuvieran y disparasen a las ruedas —algo que no tendría lógica, ya que si erraban en los disparos, los supuestos tránsfugas ganarían los metros necesarios para dejar atrás a los coches detenidos—. La historia flaqueaba por todos lados, pero aún quedaban más incoherencias. Al tratar de huir, el coche se precipitaría por un terraplén y terminaría ardiendo al momento. El fuego de las llamas fue tal que no pudieron hacer nada por salvar la vida de los detenidos, arguyeron estos fieles defensores de la patria.

La recreación era tan inconsistente como desmontable. Una estratagema que solo podía haber sido elaborada por personas que se sabían por encima de la ley y que con muy poco veían posible salir indemnes. No contaban con la determinación de Darío Fernández, abogado de las familias y de algunos periodistas que no cesaron en su empeño por relatar los hechos. Entre otras cosas, se supo que los cuerpos aparecieron con miembros desmembrados, algo que no se explicaría con la versión dada por la guardia civil y sí con el chantaje realizado a la madre de Juan Mañas para que no abriese la caja con los restos de su hijo. El abogado de los demandantes consiguió hacer otras siete autopsias, ya que la primera había sido elaborada para dar la razón a los represores estatales inculpando a las víctimas como etarras. Así descubrieron más de diez balas en el cuerpo de Luis Cobo, diecisiete en el de Luis Montero y al menos cinco en el de Juan Mañas. Casualmente las ruedas del coche a las que supuestamente habían apuntado estos grandes tiradores, no se habían pinchado. Cabe remarcar además que unos pescadores que pasaban por aquella carretera vieron el coche ardiendo en la mañana del día 10 y quisieron prestar su ayuda. La respuesta dada por estos mangas verdes habla de la bajeza moral de los mismos. Señalaron que el fuego estaba controlado y que los heridos ya habían sido trasladados en ambulancia. En su interior seguían ardiendo los restos de los tres inocentes. 

El abogado Darío Fernández recibiría toda clase de amenazas durante el proceso. Desde llamadas anónimas a cartas de la extrema derecha apuntándole como futura víctima de sus ataques, además de las consabidas presiones políticas. Estos hechos provocaron que tuviera que abandonar su domicilio durante el proceso y esconderse. Darío solo pudo llevar a juicio a tres de los once implicados en la matanza. El teniente coronel Quero, el teniente Manuel Gómez y el guardia Manuel Fernández. Los ocho absueltos que participaron en el convoy de la carretera de Gérgal fueron Antonio Pabón, Cañadas Pérez, Antonio González, Juan Martínez, Eduardo Fenoy, Juan Sánchez, Guillermo Visiedo y Ángel Ojeda. Decimos sus nombres para que la historia recuerde a estos personajes que tuvieron un papel trascendental en la matanza, ya fuera por sus actos, por su omisión de ayuda o por su concepto de lealtad amoral tan extendida entre las personas que aceptan la jerarquización como forma de vida. Era la primera vez que se juzgaba a unos guardias civiles tras la dictadura franquista. La sentencia dictaminó 24 años de prisión para Quero, 15 para Manuel Gómez y 12 para Manuel Fernández. Sobra decir que cumplieron parte de la pena en una cárcel militar, mejorando así el trato recibido, y que ninguno cumpliría la totalidad de la pena. También tuvieron que abonar una indemnización de cuatro millones de pesetas a cada una de las familias. Lo flagrante del caso es que fueron condenados por homicidio y no por asesinato, ni por tortura. El juez además tuvo en cuenta el atenuante de deber cumplido para el primero y de obediencia debida a los otros dos. Algo vergonzante como poco. Además las familias sufrieron todo tipo de hostigamientos durante el proceso. Así relató la hermana de Juan Mañas uno de los episodios:

Luego vino el juicio, y hemos recibido muchas amenazas por parte de la gente mala, o gente sin corazón. Nosotros íbamos al juicio y gente joven de ultraderecha nos escupía cuando pasábamos por su lado. Siempre hemos estado en un sinvivir.

No fue el único acto que realizaron estos defensores a ultranza de la ley y el orden. En 1984 se estrenó la película El caso Almería de Pedro Costa —y que contó con unos jóvenes Antonio Banderas y Juan Echanove entre el reparto—. Tras el estreno, varias salas de cine fueron atacadas por la extrema derecha por proyectar esta película. El cine Regio de Granada sufrió el mayor ataque, fue quemado de madrugada hasta el punto de provocar su total destrucción y final clausura.

Lo que ocurrió en las nueve horas que transcurrieron desde la detención y la aparición de los cuerpos solo lo saben los asesinos y quizá los mandos superiores de estos. En todo momento el estado ha tratado de desligarse de esta acción, que una vez más fue señalada como aislada. De hecho, el primer ministro por entonces, Juan José Rosón, calificó los asesinatos como “Trágico error”. Además, el ministro de UCD se negó a contestar cualquier pregunta sobre la presencia del superior de Quero, el coronel De la Puente Llorente, en Almería la madrugada 9 al 10 de mayo. Lo grave del asunto es que al desplazarse este hombre debería haber informado a su vez a sus superiores. Por tanto, la responsabilidad de la matanza podría haber escalado hasta estratos mayores, pero el estado quería que la pena solo alcanzase hasta Castillo Quero.

Se sabe que los tres asesinados fueron trasladados al cuartel abandonado de Casas Fuertes —fortaleza costera del siglo XVIII— cercana a la población de Retamar. Allí, durante la tortura, pudo haber llegado la información que confirmaba que no eran miembros de ETA, pero es probable que ya hubieran matado a alguno de ellos, continuando así con la carnicería. Se sospecha que el teniente coronel Quero quería apuntarse alguna medalla por la detención de los etarras y su ceguera llegó a puntos insospechados. También es probable que se sintiera intocable como lo había sido en los años precedentes. Prueba de ello es que en 1979 el propio Quero estuvo involucrado en otro asesinato. Dos jóvenes habían atracado una gasolinera en Sevilla y llegaron hasta Vera (Almería), allí fueron recibidos a tiros muriendo Juan Escaleras Prada y Juan Antonio Rodríguez Fajardo. El juez de aquel caso consideró que Quero había actuado en defensa propia puesto que los asesinados iban armados. Visto lo que pasó dos años más tarde la credibilidad de esta sentencia queda en tela de juicio.

En 1984 la familia de Mañas recibiría una carta de un supuesto testigo de la matanza. La misma decía lo siguiente en un texto plagado de faltas de ortografía:

Los  trasladaron  en  los  mismos  vehículos  al  cuartel  de  Casafuerte  [Casas  Fuertes], donde fueron sometidos a interrogatorio, acto seguido ordenó Castillo Quero  que  tenían  que  ser  sometidos  a  garrote  y  pidió  voluntarios  […].  J.M,  pertenece al Servicio de Información. Después, el sargento C. Otro, el guardia P. Otro, el guardia F., también destinado en el Servicio de Información. Estos fueron los tres asesinos de buestro (sic) hijo […]. Al principio le dieron una gran paliza, especialmente por el guardia C., perdiendo el conocimiento. Entonces lo  mataron  con  un  tiro  de  pistola  cada  uno  que  recivieron  (sic)  por  separado.  Posteriormente,  los  embolvieron  (sic)  en  mantas  viegas  (sic),  penetrándolos  en  el  Ford  Fiesta,  en  el  asiento  trasero,  ordenando  Castillo  Quero  que  fueran  volcados en el sitio que no les viera nadie y que se les pegara fuego para que no  conocieran  los  mal  tratos  […].  Antes  de  pegar  fuego  con  la  metralleta  de  los  compañeros  el  guardia  C.  gastó  dos  cargadores  de  30  cartuchos  cada  uno  sobre  los  cadáveres  en  combinación  con  el  depósito  de  la  gasolina  del  Ford,  acto seguido con el mechero que pegó fuego a la gasolina que se derramaba del depósito, añadiendo la que tenía en la lata aparte.

Sobra decir que la guardia civil trató de generar empatía entre la población llegando a aseverar en primer lugar que los asesinados eran de un grupo de apoyo a ETA y después, ante la evidencia de la mentira, argumentaron que eran delincuentes comunes puesto que llevaban dos armas. Armas que nunca aparecieron. Durante el juicio el teniente coronel Quero no dudó en señalar que los asesinados eran terroristas y que volvería a hacer lo mismo. El empeño del teniente en vincular a los asesinados con ETA parecía suficiente para exculpar de responsabilidad a cualquiera de estos sanguinarios. Tristemente para buena parte de la sociedad, si estos tres jóvenes hubieran pertenecido a la organización vasca, este crimen habría llegado a ser justificado y hasta vitoreado.

Uno de los hechos más graves de todo este asunto se descubrió años más tarde. Durante todo el tiempo de encierro, los tres asesinos estuvieron cobrando de los fondos reservados para la guardia civil. Tanto UCD, como PSOE —que entró al gobierno en 1982— aceptaron dar un sueldo a estos asesinos estatales y nunca han querido dar explicaciones sobre ello. De hecho algunas fuentes apuntan a que fue el ministro de interior del PSOE, José Barrionuevo, el que aceptó seguir pagando a los asesinos dentro de un acuerdo al que habían llegado con UCD. Quédense con este nombre puesto que no será la única vez que salga en este serial: Barrionuevo estuvo vinculado directamente con los crímenes cometidos por los GAL durante los años ochenta.

Francisco Mañas sigue luchando a día de hoy para que su hermano y sus amigos sean reconocidos como víctimas del terrorismo, algo que el estado no les concede. Ya sabemos que para ellos el terrorismo no incluye el terror sistemático provocado por el propio estado. En 2023 llegaron las primeras disculpas de una persona vinculada al gobierno, fue por parte del secretario de estado de memoria democrática. Un detalle simbólico que llegaba demasiado tarde.

Ha pasado casi medio siglo desde el crimen y todos los años las familias se reúnen en el lugar en el que aparecieron los cuerpos aquel fatídico 10 de mayo. Allí un monolito recuerda este asesinato por parte de un estado que siempre ha querido mirar para otro lado. Francisco Mañas lo resumió así:

Hemos sido ignorados, rechazados por el estado, olvidados; a mí personalmente me ha dado la sensación que siempre hemos molestado al estado con las reivindicaciones, tanto las familias, como la prensa y todos los que nos han querido ayudar. Nos han considerado ciudadanos de tercera por parte de las administraciones, todos los asesinados por los cuerpos de seguridad del estado han sido siempre víctimas olvidadas de las que el estado no quiere ni hablar ni escuchar las reivindicaciones de las familias y de la sociedad.

Las familias llevan luchando durante décadas y solo se han topado con la crudeza del estado español, un estado que a través del gobernador civil de Almería llegó a prohibir un festival para recaudar fondos para las causas judiciales. Allí iban a actuar entre otros Paco Ibañez o Carlos Cano. Este último compuso una canción muy cruda en la que relataba el crimen de Almería. Desde Regeneración no olvidamos a los tres asesinados y no tenemos ningún miedo en afirmar que si los brazos ejecutores fueron unos guardias civiles sádicos y obtusos, el responsable final es un estado que aprueba la tortura, que mata para conseguir objetivos o que paga a asesinos a cambio de su silencio. Eterno recuerdo a Juan Mañas, Luis Cobo y Luis Montero, asesinados por el estado español en Almería en 1981.

Andrés Cabrera.

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