La economía global se asoma al escenario de una profunda crisis provocada por el desarrollo de la guerra en Ucrania. La inflación se ha disparado en todo el mundo, y los bancos centrales anuncian subidas de los tipos de interés para tratar de atajarla. Los “halcones” de la austeridad y el neoliberalismo vuelven a hacerse fuertes en los think tanks de las finanzas internacionales. El breve interregno de hegemonía keynesiana vivido durante la pandemia ha llegado a su fin.
Los tipos de interés van a subir y, como ha avisado recientemente Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, la puesta en marcha de un mecanismo para evitar una nueva crisis de las primas de riesgo de las economías de la periferia europea vendrá, esta vez, acompañada de “condicionalidades”, es decir, de reformas neoliberales impuestas por Bruselas. Y nada asegura que este nuevo mecanismo logre contener, de hecho, las ofensivas de los capitales especulativos internacionales contra el euro, en un invierno que se anuncia como el del posible colapso de la Unión Europea.
Porque el otoño se prevé sumamente complicado para la economía de la Eurozona. El alza continuada del precio del gas impide asegurar que las reservas van a ser suficientes para evitar una situación casi caótica, si la Federación Rusa decide cortar el suministro durante el verano. Un accidente en una planta en Freemont (Texas) ha reducido los envíos de gas licuado (GNL) estadounidense a mínimos de los últimos meses. La convocatoria de varias jornadas de huelgas en Noruega, el más cercano suministrador alternativo a Rusia, significa una amenaza añadida para las reservas europeas, que hoy alcanzan un 60 % de la capacidad, lejos del 80 % que la Comisión se ha fijado como objetivo para noviembre. La posibilidad del racionamiento en los meses más crudos del invierno parece cada vez más cercana en países extremadamente dependientes del suministro energético ruso, como Alemania.
Europa ha empezado el año con un crecimiento del 0,3 %, según Eurostat. España, que a finales del 2021 crecía al 2 %, está incluso una décima por debajo de ese 0,3. La inflación está desbocada, superando el 10 % en España, mientras el Banco Central Europeo prevé que alcance más del 8 % en el conjunto de la Eurozona este año. La posibilidad de que, a partir de octubre, y en un escenario de corte del suministro energético ruso, Europa entre una situación de estanflación (es decir, alta inflación y caída en el crecimiento económico) es cada vez más plausible.
Pese a que al auge del turismo veraniego y los efectos de la reciente reforma laboral en la transformación de contratos temporales en indefinidos precarios mantienen el espejismo de una salida virtuosa de la crisis provocada por la pandemia, lo cierto es que la economía española difícilmente podrá abstraerse del caos general provocado por un invierno europeo sin gas. Las tímidas medidas tomadas por el gobierno para limitar el impacto de la guerra en Ucrania entre las capas populares no podrán sostener al país. La Comisión ha acordado recientemente que todos los estados miembros de la Unión deberán ser solidarios con sus reservas energéticas en caso de un shock de suministro. Será, también, difícil justificar los esfuerzos que esa solidaridad implica para las clases populares si, al tiempo, se hacen publicas las fuertes “condicionalidades” (en la forma de reformas de pensiones y degradación de los servicios públicos) que se esperan acompañen al mecanismo de salvaguarda monetaria del euro, de que hablamos anteriormente. Además. A deriva militarista de los presupuestos públicos, erosionará aún más el gasto social.
La clase trabajadora sufre los golpes de la inflación desbocada, aunque aún siga atada psicológicamente a la posibilidad de un brillante verano de desconexión de la pandemia. Christine Lagarde reconoce que los salarios reales llevan ya más de dos trimestres de descenso en Europa. El poder adquisitivo que la inflación arrebata a los trabajadores no se ve compensado por la correspondiente alza de salarios. La “responsabilidad” del sindicalismo oficialista es monolítica y suicida. Negociar congelaciones salariales y alzas de retribuciones que a duras penas superan el 2 % cuando la inflación se instala cerca del 10 % es subrayar, de nuevo, la ya tradicional visión, generalizada entre los trabajadores, de los sindicatos mayoritarios como anexos rústicos de los Departamentos de Recursos Humanos de las empresas.
En este escenario el sindicalismo combativo y los movimientos sociales se ven forzados a determinar su estrategia futura en un contexto muy problemático. Sostener al gobierno progresista y mostrar tibieza ante sus aventuras bélicas y sus medidas limitadas lleva a la izquierda social al descrédito entre los trabajadores y aumenta la confusión y la irracionalidad que, poco a poco, va instalándose en la conciencia de las clases populares. Intentar encabezar el descontento creciente y organizar la resistencia puede llevar a la elección de un gobierno de derechas y genera conflictos y tensiones cada vez más candentes con la izquierda institucional, que amenaza con vetar y maginar todo disenso con la estrategia parlamentaria de la “Nueva Política”.
Sin embargo, más allá de la confusión que ha instalado el reflujo del proceso de lucha del 15-M en la izquierda social, lo cierto es que el descontento de las clases populares es real. Se expresa, de momento, en abstención, comportamientos desviados y generalización de una cultura protofascista, tremendamente irracional y conservadora, que se presenta como “rompedora” y “antisistema”. Este descontento puede multiplicarse en un invierno de crisis y estanflación, como el fuego en una pradera seca.
No existe el vacío en política. Si el sindicalismo combativo y los movimientos sociales no expresan y dirigen el descontento, en toda su radicalidad, otros los harán. La extrema derecha está esperando su momento. Mejor digamos: la extrema derecha está aprovechando su momento y alimentando los caudales de la ira popular con irracionalismo, tradicionalismo y racismo.
El “momento hamletiano” de los movimientos sociales y el sindicalismo consecuente debe terminar. No hay que transmitir más confusión y dudas a la clase trabajadora. Debemos ser la expresión del descontento y organizar a los que sufren la crisis contra quienes la han creado. Y el gobierno ha contribuido a crearla con su megalomanía bélica y su progresismo de plastilina. Los compañeros y compañeras que están en la izquierda institucional deben elegir de qué lado combaten, y dejar de transmitir confusión y promover la inconsecuencia y la pusilanimidad entre los militantes sociales. Si el gobierno va a caer, mejor que lo haga acompañado de un proceso de autoorganización y movilización popular, que en una debacle de triste impotencia y luchas cainitas por las migajas institucionales que deja en su crisis la socialdemocracia.
En medio del caos que se avecina, transmitir claridad y elegir el bando de los de abajo sin vacilaciones es el medio más cabal para reconstruir una izquierda revolucionaria digna de ese nombre.
José Luis Carretero Miramar para Kaosenlared
