Una cálida mañana del 14 de junio en 1884, la Plaza del Mercado del municipio gaditano de Jerez de la Frontera fue testigo del asesinato de siete campesinos por garrote vil en el cadalso de la ignominia, acusados de pertenecer a «la mano negra», supuesta sociedad secreta anarquista que jamás ha sido corroborada su existencia histórica. El campo andaluz en el último tercio del siglo XIX fue la punta de lanza de la organización obrera y revolucionaria, donde acceden las ideas del comunismo anarquista de Piotr Kropotkin, que son ávidas de generar una pulsión transformadora entre el campesinado que nada tenía que perder salvo siglos de arrastrar pesadas cadenas.
La organización obrera en el siglo XIX, la Federación de Trabajadores de la Región Española.
La Asociación Internacional de Trabajadores había accedido a España la década anterior, celebrando su primer congreso obrero en 1870 en Barcelona, donde había sido fundada la FRE-AIT, es decir, la Federación Regional Española, que asumió principios bakunistas. Durante ese trienio se desarrolló un nuevo congreso en Zaragoza (1872), y otro más en Córdoba (1873). Sin embargo, la caída de la Primera República española y la represión al incipiente movimiento obrero; hizo necesaria su resistencia en la clandestinidad, surgiendo innumerables sociedades obreras urbanas y campesinas. Esta situación de grupos secretos partidarios de la acción directa habían sido consecuencia de esa represión, pero se consolidó como la principal vía estratégica en los siguientes años hasta el fin de esa década. Con el objetivo de no perder el horizonte en construir grandes movimientos de masas, nace una iniciativa para refundar legalmente dicha organización en 1881 en Barcelona.
De esta manera quedó disuelta oficialmente la Federación Regional Española, y ante el nuevo clima político instaurado por el gobierno del liberal Práxedes Mateo Sagasta, que había prometido la libertad de asociación, se proponía cambiar la política de la comisión federal y salir de la clandestinidad y del ostracismo social. Partiendo de la propuesta del grupo catalán representado por librepensadores anarquistas como Josep Llunas, Rafael Farga o Antoni Pellicer, se convoca la Conferencia Regional extraordinaria en febrero de 1881 en el barrio de Gràcia. En este debate se discuten las distintas vías estratégicas e ideológicas, y se acaba por aprobar la destitución de la anterior comisión, sustituida por una nueva comisión que convocó ese mismo verano el congreso del mes de septiembre de 1881 con el apoyo de cincuenta sociedades obreras de Cataluña que se adhirieron. Allí nacerá oficialmente la Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE), de tendencia colectivista y sobre las bases de una estrategia sindicalista frente a las vías insurreccionalistas, poco proclives de la acción política y social pública. Se continuaban de esta manera las bases que se habían sentado con la Alianza Internacional de la Democracia Socialista, la necesidad de una organización obrera amplia y visible para construir un movimiento fuerte.
En el documento oficial de ese congreso, es decir, el «Manifiesto a los Trabajadores de la Región Española», se reafirma la oposición a la política parlamentaria, y la FTRE se declara colectivista en cuanto a la propiedad y anarquista o autonomista en cuanto a la organización social. Y es que lo relevante de esta organización obrera fue su crecimiento en menos de un año, ya que se afiliaron 60 mil obreros que tras una década casi de clandestinidad resurgían con gran fortaleza política. Si bien las zonas industriales y urbanas estaban muy presentes, se habían vinculado a esta organización muchísimos militantes del campo andaluz y asociaciones agrarias, es decir, proletariado agrícola.
En el Congreso de Sevilla de septiembre de 1882, se evidencia que en el seno de la FTRE existe un doble debate entre el colectivismo y el anarcocomunismo, y otro en torno al legalismo y el ilegalismo. El catalán Josep Llunas y el gallego Ricardo Mella mantenían una postura anarcocolectivista y de organización legalista, mientras que el andaluz Miguel Rubio preconizaba una perspectiva comunista e insurreccional. El principal debate consistió en sacar una conclusión acerca de mantener a la Federación en la legalidad, y aunque no se consiguió un pleno consenso, esa es la tesis que se hizo pública finalmente. El obrerismo manufacturero quería lograr un movimiento lo más masivo posible, y para ello se necesitaba la legalización pública de las organizaciones. Mientras que, en Andalucía, debido a la idiosincrasia rural más represiva, se deseaba que mantuviese una clandestinidad y asumir la propaganda por el hecho. Estamos ante el primer gran debate sobre unidad estratégica en el anarquismo español. La enorme conflictividad en el campo andaluz en los siguientes años pondría bajo la óptica de la experiencia práctica ambos modelos, y la diversidad táctica e intervención política que merecía cada contexto y cada momento en la acumulación de fuerza social. Tales diferencias internas hicieron que poco después de ese congreso, este sector andaluz constituyese una nueva federación bajo la denominación de «Los Desheredados», y cuyo órgano de difusión de prensa se hizo llamar «Revolución social». Este grupo celebró dos congresos más en Sevilla en 1883, y un congreso en Cádiz en 1884, conocido como el «congreso de los perturbadores», reflejando la clara ruptura que se había producido en el anarquismo español, y cuyo cénit serían los sucesos protagonizados por la supuesta organización «mano negra» de tendencia anarquista.
El ámbito de actuación de este grupo de «Los desheredados» fue en la baja Andalucía, principalmente en los territorios de Sevilla, Cádiz y Málaga; donde diversos grupos de afinidad promovían las acciones directas como medio para despertar la conciencia de clase entre los desposeídos y acelerar la revolución social. Sin embargo, entre sus filas había tanto partidarios del colectivismo como del comunismo anarquista hasta 1885, que comenzó a cuajar la línea económica del comunismo libertario, por lo que no les definió inicialmente su posicionamiento ideológico sino su estrategia de lucha. Se consideraba la organización en torno a las sociedades obreras una estructura autoritaria, y se acusaba a esta línea de no tener en consideración la situación del proletariado andaluz. Sin embargo, la propuesta estratégica de «Los desheredados» se topará con una gran persecución a raíz de los hechos de «la mano negra», no habiendo quedado esclarecido en la historia si verdaderamente tenía ese grupo algún componente anarquista, o si realmente fue un grupo creado de infiltrados de las fuerzas represivas exclusivamente para causar la decadencia de la organización obrera. La principal consecuencia fue, igualmente, una grave crisis en el seno de la Federación de Trabajadores de la Región Española que llevó a su disolución en el año 1888.
La lucha en el campo andaluz, organización rural y la propaganda por el hecho.
A «la mano negra» se le acusó de ser una presunta organización secreta de carácter anarquista, y que durante los primeros años de la década de 1880 actuó en el campo andaluz durante el reinado de Alfonso XII en el contexto de una relevante lucha de clases y la expansión de las ideas comunistas libertarias. A esta supuesta sociedad secreta se le atribuyeron diversos homicidios, incendios de cosechas e incluso de cortijos. La denominada «propaganda por el hecho» había sido mencionada ya en un Boletín de la Federación del Jura en 1876 por los italianos Errico Malatesta y Carlo Cafiero entendiendo este concepto como la acción directa colectiva, es decir, motines, manifestaciones, huelgas, pero no mencionándose en ninguno los atentados individuales. La acción revolucionaria debe propagarse mediante el ejemplo y la acción, será pocos años después cuando algunos individualistas como Johann Most comienzan a utilizar esta clase de acciones desvinculadas de una lucha social amplia. En España ya en 1878 y 1879 hubo acciones de este tipo para atentar contra el monarca Alfonso XII, tanto un obrero catalán primeramente como un obrero gallego trataron de ejecutarle sin éxito. Estas acciones se daban en un contexto de ilegalización de las organizaciones anarquistas, en total clandestinidad y como una vía de resistencia ante la falta de recursos para generar una organización más estable.
Los primeros años de la década de 1880 fueron de grandes sequías en el campo andaluz y muy malas cosechas, lo cual provocó hambruna y conflictividad social; se produjeron asaltos a establecimientos, robos e incendios de cortijos ante la situación de desesperación. Al mismo tiempo de estos actos, como consecuencia de una expresión de malestar social de las clases populares, se organizaron asaltos a fincas y motines de protesta ante la subida de los precios, exigiendo a algunos ayuntamientos que les otorgasen empleos en obras públicas. El desarrollo de la infraestructura ferroviaria implicaba la inversión de capitales extranjeros, y por lo tanto la asfixia al proletariado rural. Además, estaba rematándose el proceso de desamortización de las décadas anteriores, y allanando el camino para las últimas expropiaciones del patrimonio histórico colectivo, concentrando la propiedad de la tierra cada vez en menos manos. En noviembre de 1882 hubo un motín urbano en Jerez de la Frontera donde intervino la Guardia Civil y el Ejército español, deteniendo a sesenta obreros que, raramente acababan enfrentándose de manera directa a las fuerzas represivas ni a los guardas de las fincas. Pero los propietarios de tierras andaluces comenzaron a temer debido a que la población jornalera cada vez se veía más abocada a la limosna o al robo, temiendo cada vez menos la muerte.
La autenticidad de unos documentos encontrados supuestamente por la Guardia Civil en la vivienda de un relojero internacionalista detenido un mes antes, probablemente en manos ya de la guardia municipal jerezana años atrás, y que sustentaron según las fuerzas represivas la existencia de este grupo de «la mano negra», es de muy dudosa existencia, ya que correspondían a un lenguaje propio de la década anterior en el contexto de clandestinidad, y no la resolución societaria tomada por la FTRE recientemente. El estudio minucioso de esos documentos enviados al Ministerio de Guerra en 1882 lleva a concluir que seguramente la existencia de este grupo posteriormente tenía que ver con una invención policial más que con una realidad comprobable. Desde ese instante cualquier delito común en la zona rural andaluza se convertía automáticamente en un crimen político promovido por esta organización secreta. Y es que, aprovechando el sensacionalismo de la prensa liberal para difundir estos escritos, se constituyó una perfecta artimaña para atemorizar a la opinión pública, y sobre todo, para actuar represivamente contra jornaleros organizados. Tras haber justificado documentalmente esta supuesta conspiración anarquista, llegaron los hechos y crímenes a priori atribuidos a «la mano negra», generando una atmósfera de terror y de demencia abominable contra organizaciones jornaleras anarquistas. Si bien estas habían tenido tendencias hacia el ilegalismo, el propio órgano de prensa ácrata andaluz, «Revolución social», denunciaba el amarillismo intencionado de esta prensa liberal gubernativa en la elaboración de este montaje.
Los sucesos de «la mano negra», represión y desarticulación del movimiento obrero.
Se acusaba a «la mano negra» de haber perpetrado varios crímenes, originalmente en la noche del 5 de diciembre de 1882 (tan solo dos días más tarde de la primera oleada de detenciones obreras) fue asesinado un matrimonio de venteros en el camino del municipio de Trebujena. Dos meses más tarde, en febrero de 1883, en el municipio de San José del Valle, se encontró el cuerpo muerto por disparos de escopeta de un joven campesino arrendatario llamado Bartolomé Gago. Este suceso fue conocido como el «crimen del Blanco de Benaocaz» y, según algunas fuentes periodísticas, por una deuda de doscientas cincuenta pesetas, o bien por tratarse de un confidente de la guardia rural jerezana. Al mismo tiempo trascendió la muerte de un joven guarda de una finca en el verano anterior, Fernando Olivera, supuestamente asesinado en agosto de 1882 de fuertes golpes al negarse a entrar en la sociedad secreta anarquista. Todos estos crímenes carecían de un sentido político alguno directamente relacionados siquiera con motines populares o acciones anarquistas, sin embargo, la prensa y sobre todo el gobierno los relacionó rápidamente con la Federación de Trabajadores de la Región Española.
El propósito era doble, primeramente imposibilitar una organización obrera fuerte en el campo andaluz y evitar una huelga agraria; y en segundo lugar vincular a la FTRE con el terrorismo y la acción violenta, presentándola como una entidad perniciosa. Esta federación se defendió corroborando una línea estratégica societaria y organizativa amplia, desvinculándose de cualquiera de los crímenes de los que se la acusaba. Esta defensa federal ahondó igualmente en las diferencias entre el sector legalista y el ilegalista en el seno de la federación, si bien la organización clandestina no implicaba obligadamente la realización de acciones individualizadas, ni mucho menos crímenes de los que eran acusados. Una organización secreta de obreros rurales en un contexto de persecución como en el campo andaluz se reunía casi siempre para propagar una mejor conciencia de clase y la autodefensa de los jornaleros en un ambiente represivo muy adverso.
El gobierno envió a un juez especialmente para investigar tales crímenes de la mano de la Guardia Civil, en junio de 1883 el tribunal de Jerez condena a muerte inicialmente a siete personas por «el crimen del Blanco de Benaocaz», y a otras ocho a penas de prisión mayor. Esas condenas fueron revisadas por el Tribunal Supremo en abril de 1884 declarando la pena de muerte a todos los acusados menos uno, sin embargo, nueve vieron conmutada esa pena, y finalmente fueron siete los asesinados por garrote vil en la Plaza del Mercado de Jerez el 14 de junio de 1884. Por los otros crímenes investigados judicialmente, es decir, el de los venteros y el guardia de finca, fueron condenadas a prisión otras seis personas. Casi dos décadas después de estos juicios aún quedaban algunos presos encarcelados, así que el periódico anarquista madrileño Tierra y Libertad inició en enero de 1902 una campaña anticarcelaria en favor de los condenados, y se consiguió que el gobierno los liberase en marzo de 1903, conmutando la prisión por el destierro.
El debate en torno a la existencia de «la mano negra» ha generado mucha controversia, siendo algunas de las versiones más verificables que tal organización no pareció existir, sino pequeños grupos inconexos e influenciados por el comunismo anarquista que protagonizarían pequeñas acciones entre la rebeldía y el pillaje común, pero no está corroborado en ninguno de los casos que perpetrasen homicidios como los juzgados en los sucesos de la supuesta «mano negra», ni atribuibles a ninguna organización anarquista. Aunque no se pueda negar la violencia y conflictividad en el campo andaluz en esa década, pero todo apunta a que actos individualizados, algunos de ellos por realizarse o mencionados verbalmente entre jornaleros, sirvieron para justificar una campaña muy convenientemente explotada por las autoridades, quienes crearon un montaje policial para romper las bases organizativas de la Federación de Trabajadores de la Región Española, y sembrar la división en el campo andaluz.
Esta conspiración clandestina creada seguramente por algunos mandos de la Guardia Civil tuvo como consecuencia la decadencia de la FTRE, quien celebró su Congreso de Valencia en octubre de 1883 con muchos menos delegados que en el anterior encuentro. Este congreso fue crítico con la confusión generada adrede por la prensa y el gobierno liberal para vincular los crímenes del campo andaluz con la organización. La federación se desmarcó de actos individualizados, ya que se apostaba por una organización obrera pública temiendo su ilegalización nuevamente. Esto marcó unas mayores diferencias ideológicas y de estrategia en el seno federativo que llevaron a una decadencia y la disolución definitiva de la FTRE viéndose las graves discrepancias internas entre la vía ilegalista, y aquella que quería organizar una lucha de carácter sindical en el mundo del trabajo. Estas son las bases de los debates entre síntesis o plataforma, o entre anarcosindicalismo e individualismo anarquista, historia que no nos puede resultar ajena a los debates en el seno del movimiento libertario ya que no atender a nuestra memoria se convierte en un hecho de irresponsabilidad política con el presente y la potencialidad revolucionaria actual.
Este artículo ha sido inspirado por las letras de la eterna Gata Cattana, y por una compañera militante de Liza.
Ángel, militante de Liza.
