Esta semana se recibía una de las peores noticias que pudiera haber para el sindicalismo de clase y de acción directa en los últimos tiempos. El Tribunal Supremo notificaba la ratificación de la condena a seis compañeras de CNT Xixón a tres años y medio de prisión y pagar una indemnización de 150 mil euros. Con esta ratificación de la condena se acerca mucho más una posible entrada en prisión de estas compañeras, que en todo caso tendrían que seguir escalando instancias judiciales superiores y seguir alargando el suplicio personal que supone este proceso represivo al que se ven sometidas.
Desde las organizaciones que estamos en este medio queremos mostrar nuestro apoyo y solidaridad, nosotras también formamos parte de ese tejido sindical y movilizador que lucha por ampliar la fuerza social entre las explotadas. Esta sentencia es contra todas nosotras, contra un modelo de cuidados colectivo, contra una táctica de hacer sindicalismo y contra nuestras ilusiones por luchar por un mundo donde el capitalismo haya sido derrotado.
Si bien la sentencia inicialmente había sido dictada por el juez Lino Rubio, titular del Juzgado de lo penal número 1, conocido perseguidor de sindicalistas asturianos en los tiempos de las luchas de Naval Xixón, eran los magistrados de la Sala Segunda del Alto Tribunal, presidida por Manuel Marchena, juez del Procés catalán, quienes han rechazado el recurso interpuesto por la CNT por la sentencia a sus sindicalistas.
La ratificación de la condena por el Tribunal Supremo argumenta lo siguiente: «No se ha juzgado o tratado este tema respecto de la actividad desplegada por una central sindical legal, que actúa al amparo de lo previsto en el art. 28.2 CE, sino por unos hechos concretos de unas personas que han cometido ilícitos penales por los que son condenadas por concertarse y confabularse para presionar a un empresario cuando este lleva a cabo su actividad comercial y en las puertas de su establecimiento». Pensamos que no se puede separar la actividad sindical de los hechos juzgados, el suceso solo puede entenderse bajo la dinámica de esa actividad sindical escrupulosamente; por lo que la sentencia aparte de ser intencionadamente represiva es también plenamente hipócrita.
El anarcosindicalismo y el trabajo sindical de clase siempre ha tenido como herramienta la acción directa contra la explotación patronal, y esta sentencia supone un ataque judicial y político directo a una herramienta de lucha irrenunciable en nuestra autodefensa. No solamente debemos pelear para que las compañeras no pisen la cárcel, sino tejer con urgencia una campaña amplia que lleve a término cualquier camino jurídico que acabe anulando esta vergonzosa sentencia.
Dicha sentencia ratifica probados los hechos de un delito de coacciones graves que supusieron el cierre de la pastelería La Suiza en la ciudad de Xixón tras las concentraciones que se sucedieron en el año 2017, siempre comunicadas a la subdelegación de gobierno y bajo una campaña que es legal que ejerza cualquier organización sindical en el uso de sus herramientas de presión en un conflicto laboral. El camino esperable es la llamada a una movilización social masiva que implique a todas las organizaciones sindicales del país, porque esta sentencia es un ataque directo a las libertades sindicales. Apostamos por establecer un calendario sostenible y en escalada con acciones en una movilización continuada que consiga llegar a todos los movimientos sociales de la izquierda y encontrar el apoyo internacional. Desde el anarquismo organizado estamos preparadas para apoyar incondicionalmente a nuestras compañeras de CNT: es la hora de salir todas a las calles.
Nos quedamos con las palabras de las compañeras en la manifestación que se convocó en las calles de Xixón el pasado 15 de junio: «Pese al agotamiento mental y al miedo… sabemos que siempre volveríamos a defender la dignidad de una compañera. Porque hacer sindicalismo no es delito». Y nosotras debemos responder con el mayor de nuestro impulso solidario sentenciando: ¡No estáis solas!
