La historia, y nos atreveríamos a decir que casi la totalidad de las ciencias sociales en la manera que se estudian en la narrativa oficial ha sido instrumentalizada desde el siglo XVIII para aportar únicamente a la creación del concepto estado-nación y cortar cualquier camino que llevase a una emancipación social. La historia de los estallidos y revueltas del siglo XIX en la construcción del Estado español es un relato lineal de gobiernos, militares, constituciones y reinas consortes, entonces nos preguntamos: ¿había más allá de esto acciones populares, organizaciones y estrategias con autonomía propia de los desposeídos de la sociedad? Seguramente sea lo más complejo de indagar en fuentes históricas que han atesorado las grandilocuencias del poder político y no han explorado estos caminos; siendo brechas en las que había también un componente de conciencia popular en dichos estallidos. Sin estas experiencias a mediados de siglo XIX no podrían haber arraigado pocas décadas después las ideas del movimiento obrero internacional. En este artículo acercaremos los hechos de la Revolución de 1854 en Madrid, una rebelión popular que estalló en la capital con un fuerte cariz antiaristocrático, y que coincidió en tiempo con el conflicto laboral de las selfactinas en el sector textil en Catalunya.
Los acontecimientos políticos en julio de 1854.
A la Revolución de 1854 se la conoció también bajo el nombre de la Vicalvarada. Se inició con un clásico pronunciamiento militar y el enfrentamiento armado entre las tropas sublevadas del general Leopoldo O’Donell y las tropas gubernamentales en las cercanías de la población madrileña de Vicálvaro. En ese municipio había sido creado diez años antes por la reina Isabel II (y bajo la coordinación del Duque de Ahumada) el primer cuerpo de caballería de la Guardia Civil, institución represora que pretendía hacer frente al bandolerismo en el ámbito rural español. Este levantamiento durante el verano de 1854 tuvo como consecuencia el fin de la conocida como «década moderada» (1844-1854) y el inicio del «bienio progresista» (1854-1856), pero sobre todo una insurrección popular en Madrid. Este pronunciamiento militar se produjo por las distintas disputas parlamentarias internas en el seno de la ideología liberal y sus facciones partidarias, encabezadas por distintos burócratas civiles, aristócratas y militares; que establecían alianzas puntuales entre ellos y con la Corona.
Dicho pronunciamiento militar iniciado por el general O’Donell fue realizado el 28 de junio de 1854, resultando indeciso el enfrentamiento en Vicálvaro dos días después contra las tropas fieles al gobierno. Las tropas de O’Donell se retiraron hacia el sur, llegando hasta La Mancha y encaminándose hacia Portugal aguardando a que se sumasen al movimiento otras unidades militares. Sin embargo, en su persecución salieron las tropas gubernamentales, dejando completamente desguarnecida la ciudad de Madrid,; con el mejor escenario para que estallase una rebelión. Si bien el pronunciamiento había fracasado, sería el impulso popular el que mantendría prendida esta llama insurreccional, e hizo aparición el 7 de julio de 1854 el «Manifiesto de Manzanares», firmado en la localidad manchega homónima. El general Serrano convenció a O’Donell que, para conseguir que triunfase su pronunciamiento, debía incluir cambios políticos y sociales con reivindicaciones de las clases populares. Era la primera ocasión en que un movimiento organizado forzaba a poner sobre la mesa cuestiones del interés de las clases dominadas, aunque esta fuese una táctica de carácter reformista por parte de los militares pronunciados. Dicho manifiesto fue redactado por un joven Antonio Cánovas del Castillo; si bien planteaba la conservación del trono, prometía rebajas de los impuestos, nuevas leyes de imprenta, convocatoria de Cortes constituyentes y el restablecimiento de la Milicia Nacional. Aspiraciones progresistas que no figuraban en sus intenciones iniciales. Estas medidas se vendieron como una «regeneración liberal», es decir, aparentar que todo cambia para no cambiar absolutamente nada.
La lucha popular en las calles de Madrid.
En esos días se inició la segunda fase de estos hechos, que superarían el clásico pronunciamiento militar y se convertiría en un movimiento de rebelión generalizado. El 17 de julio las clases populares madrileñas azotadas por la pobreza deciden pasar a la acción insurreccional. De los antiguos cafés sale la voz de alarma para tomar las calles en una decidida milicia urbana. Al día siguiente la ciudad de Madrid estaba sellada por barricadas, y era el Duque de Rivas el que había tomado provisionalmente el cargo del gobierno; tratando de hacer frente a la insurrección con las pocas fuerzas leales que tenía, esperando el regreso de las que habían salido de la capital. Primeramente, se asaltan las viviendas de los ministros fugados del gobierno, sus muebles son lanzados por las ventanas y prendidos fuego. Fue relevante la quema de bienes de la Casa de Sartorius, residencia principal del Conde de San Luis, que había sido presidente del gobierno de confianza de la Corona. También se asaltó el palacete propiedad del Marqués de Salamanca en el Paseo de Recoletos, antiguo Ministro de Hacienda, que venía enriqueciéndose en lucrativos negocios ferroviarios, bancarios e inmobiliarios en alianza financiera con la familia alemana Rothschild y el francés Duque de Morny.
De esta manera lo describía el periódico La Ilustración en julio de 1854 estando exiliado dicho Marqués de Salamanca: «Una sociedad en comandita para la explotación de todos los agios, de todos los negocios que el país había de pagar con su sangre. Capitaneábala Cristina y su gerente Salamanca, monstruo de inmoralidad; era, como el vulgo suele decir, su testaferro. Presentarse al negocio de los ferrocarriles en la España comercial y abalanzarse a todos la comandita como manada de lobos hambrientos, fue cosa que a nadie admiró, porque no era de admirar».
De hecho, también fue asaltado el Palacio de la reina madre Cristina, situado en la antigua calle de Rejas, muy cerca de donde actualmente se encuentra el edificio del Senado español, debiendo refugiarse en el Palacio de Oriente con sus hijos. Fueron también destruidos los puestos de guindillas, que era el nombre con el que se conocía a la guardia municipal entonces muy odiada por las clases populares urbanas. Su denominación procede bien por el color rojo intenso de sus uniformes, tono habitual de dichas hortalizas que destacan por su picor, o bien por la palabra ‘guindar’, es decir, robar o sustraer algunos pequeños objetos, práctica muy habitual entre la guardia municipal cuando habían requisado objetos previamente a delincuentes comunes. Paulatinamente se dan armas a las masas populares que se organizan en milicias de barrios, confluyendo en la toma de la Puerta del Sol, donde se encontraba el Ministerio de Gobernación. Pero no solamente se da el asalto a palacetes, sino también a la Cárcel del Saladero de Madrid, una cárcel política en la Plaza de Santa Bárbara donde estaban recluidos presos políticos progresistas.
Los soldados leales al gobierno rompen fuego contra estas milicias armadas. Levantan barricadas en las principales calles, se dispara desde tejados, campanarios y balcones contra las tropas gubernamentales, y durante horas se combate cada palmo de la ciudad. Se toman carros con municiones abandonadas y algunas piezas de artillería, mientras que en el Paseo del Prado se apresan a soldados vencidos. En esta lucha en las calles madrileñas también se podía ver a mujeres haciendo frente a las tropas y desarmando a guardias civiles, participando del socorro a los heridos de las milicias, así como en la organización de hospitales de sangre. Sitiados los soldados gubernamentales en el Palacio Real, y habiendo tomado las milicias los principales puntos estratégicos de la ciudad, deciden capitular antes de que las masas populares quemasen los cuarteles militares. Esta sublevación popular superó la intencionalidad de los pronunciados O’Donell y Serrano, quienes inicialmente no pudieron acordar un compromiso político debido a los acontecimientos en las calles.
El conflicto obrero textil en Barcelona.
Si bien hemos narrado los acontecimientos principalmente ocurridos en Madrid, también en Barcelona se inició una insurrección popular el 14 de julio de 1854 al calor de estos acontecimientos, y donde la participación del proletariado fabril tuvo un gran protagonismo. De carácter profundamente obrero, y aunque sucedió al mismo tiempo que el resto de acontecimientos en el resto del país, en Barcelona se conoció como el «conflicto de las selfactinas», como expresión de protesta ante la mecanización del hilado que facilitaba las denominadas selfactinas (del inglés ‘self-acting’) o máquinas automáticas para hilar, y que según los obreros catalanes estaban provocando el paro forzoso de muchos trabajadores. Ya desde hacía décadas en distintos puntos del proletariado fabril se habían realizado acciones de boicot a la implantación de las maquinarias en el proceso de producción textil, principalmente en el área mediterránea. Las selfactinas fueron introducidas en Catalunya alrededor de 1844, y una década después estas máquinas manejaban más de doscientos mil husos de hilado.
Cuando en julio de 1854 se inicia este levantamiento popular, a diferencia de lo sucedido en Madrid, en Barcelona se realiza mediante una declaración de huelga, produciéndose al día siguiente varios incendios en fábricas textiles, e incluso en uno de esos ataques, según informó el cónsul británico, fue ejecutado el dueño de una fábrica y el capataz. El capitán general del territorio catalán, Ramón de la Rocha, hizo publicar un bando en defensa de la propiedad y la seguridad de los patronos bajo pena de fusilamiento. De hecho, tres hiladores fueron ejecutados el 16 de julio en Barcelona, y aunque cesaron los incendios, la huelga de tejedores continuaba reclamando la retirada de la maquinaria de las selfactinas. Dos días más tarde alrededor de cincuenta fábricas permanecían completamente paradas, por lo que al capitán general no le quedó otra que entrar en conversaciones con el movimiento obrero organizado. Los principales obreros del textil expusieron sus peticiones, y el 25 de julio se firmaba la orden de prohibición de las selfactinas y se ordena que fuesen sustituidas por otras máquinas de hilar más antiguas.
Sin embargo, el conflicto se alargaría ya que los empresarios del textil recurrirían dicha prohibición ante el nuevo gobierno de Madrid, el 8 de agosto, Domingo Dulce Garay, el nuevo capitán general en Barcelona se reunió con algunas sociedades obreras, pero sería el 11 de agosto tras reunirse con el gobernador civil Pascual Madoz cuando se saque un manifiesto obrero convocando el fin de la huelga. Bajo el compromiso de indulto a los obreros condenados, la apertura de un periodo de negociación y consiguiendo los hiladores media hora más de tiempo en el descanso de la comida de mediodía; finalmente supuso reducir el trabajo semanal de 75 a 72 horas. Este hecho significaba el posicionamiento político de las sociedades obreras y su reconocimiento como interlocutoras colectivas de las reivindicaciones proletarias frente a los intereses de la patronal textil. Y aunque el gobierno progresista derogaba la orden de prohibir las máquinas selfactinas, se prolongó su publicación oficialmente hasta la primavera de 1855 ante el temor de las reacciones obreras, que desembocaría en la primera huelga general en España.
El final de la insurrección, el pacto desde arriba de las élites liberales.
Finalmente, el 26 de julio de 1854 la reina Isabel II, aconsejada por su madre Cristina, llamaba al general Espartero a Madrid para que formase gobierno y solicitaba a O’Donell que regresara igualmente a la Corte. La condición impuesta fue la convocatoria de unas Cortes Constituyentes, la asunción de los errores cometidos y las corrupciones protegidas por la Corona. Dos días más tarde el general Espartero hacía una entrada triunfal en Madrid, abrazándose con su antiguo enemigo O’Donell, firmando de esta manera un pacto de elites y comenzando el conocido como «bienio progresista».
Este nuevo gobierno progresista rápidamente llevó a desengaño a quienes participaron de la insurrección popular, pues había sido secundada también en otros lugares donde se habían creado juntas revolucionarias como en Valencia, Zaragoza, Logroño o Valladolid, donde tenía un carácter de motín antifiscal bajo la reivindicación: ¡Más pan, y menos consumos! Las juntas revolucionarias provinciales fueron convertidas en organismos consultivos gubernamentales, y las medidas que hubiesen aprobado quedaban suspendidas, entre otras la abolición del «impuesto de consumos», odiado especialmente por las clases populares por ser un impuesto indirecto sobre bienes de consumo de primera necesidad. En segundo lugar, a mediados de agosto de 1854 las manifestaciones de obreros de obras públicas que solicitaban aumento de salarios y que no se permitiesen las obras a destajo, fueron reprimidas por la restaurada Milicia Nacional, en cuyos cargos ya se habían situado a responsabilidades civiles afines al nuevo orden gubernamental.
El 25 de agosto de ese mismo año, el gobierno incumplió el compromiso de juzgar a la reina María Cristina de Borbón, a quien se la permitió marchar al exilio hacia Portugal inicialmente y después a Francia. Una lección más en la historia de cómo los pactos desde arriba y los frentes amplios progresistas no son ninguna certeza de victoria de los intereses de las explotadas de la sociedad, sino a veces su peor caballo de Troya. La estrategia política debe estar fecunda en nuestro terreno, no en el suyo.
Ángel, militante de Liza
