Madrugada del 6 de febrero del 2014, alrededor de 250 personas sortean a la policía marroquí en Castillejos, población limítrofe con Ceuta. Al llegar a la playa del Tarajal, decenas de migrantes deciden cruzar a nado la frontera. Para conseguirlo tienen que sortear un espigón. Al otro lado de la verja, en el lado español, decenas de guardias civiles custodian armados este macizo. En un momento dado, esta línea de choque que salvaguarda el status quo y las políticas de privilegio europeo, decide repeler el paso lanzando pelotas de goma o botes de humo, entre otro material antidisturbios. El ataque de las fuerzas “democráticas” se salda con, al menos, 14 muertes. Otras fuentes señalan que son más los fallecidos, pero al no haber sido identificados, no existen. Pese a la ofensiva militar, 23 personas consiguen llegar al otro lado, no obstante, la guardia civil comete otra ilegalidad y, como otras tantas veces, realiza una devolución en caliente. A través de una puerta de la verja devuelve a los jóvenes a la policía marroquí, la cual ya por entonces llevaba tiempo siendo la encargada de hacer el trabajo sucio de las políticas migratorias españolas.
Helena Maleno, activista durante muchos años en el terreno, resume lo ocurrido aquella noche así en su libro Mujer de frontera:
«Aquel año 2014 el discurso del control fronterizo por encima del derecho a la vida ya se había convertido en hegemónico en la sociedad española y europea. Pero el 6 de febrero se habían traspasado unos límites que acabarían pasando factura a la democracia a no muy largo plazo. La reconstrucción de los hechos demostró que aquel día no solo se usó material antidisturbios contra grupos de personas que estaban en el agua, sino que también se expulsó de forma sumaria por la valla a 23 migrantes que habían llegado al otro lado y que además eran testigos de las muertes de ese día.
Pero lo más brutal fue la constatación de que nadie activó los servicios de emergencia. Una gran masa de personas se estaba ahogando pero nadie dio la orden de actuar ni a Protección Civil ni a Salvamento Marítimo ni a Cruz Roja. De hecho, un año y medio después una de las juezas que trató de archivar el procedimiento —ha ocurrido tres veces— dijo que los migrantes «asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español por el mar a nado, en avalancha y haciendo caso omiso a las actuaciones disuasorias tanto de las fuerzas marroquíes como de la Guardia Civil», con lo que normalizaba la negación de auxilio».
Como bien señala Helena, desde antes de la matanza ya se había activado la máquina de fango por la que el estado podía justificar este crimen y, en consonancia, ser digerido por la parte más acrítica de la población civil. En primera instancia, como suele ser habitual, se intenta despersonalizar a estos seres humanos. Se habla de invasión, gran masa agresiva o incontrolados y, en el mejor de los casos, irregulares, ilegales o subsaharianos, este último término debido a la perspectiva europea que mete en el mismo saco a millones de personas con realidades muy distintas. Según diversos estudios, la mayoría de migrantes que llegan a la frontera sur lo hacen por culpa de conflictos bélicos. Por tanto, en teoría, deberían ser considerados como refugiados, de igual forma que lo han sido los ucranianos recientemente. Las estadísticas no obstante sirven para diferenciar u ocultar que cualquier persona que migra debería tener la libertad de hacerlo, sea por motivos bélicos, sociales, económicos… exactamente la misma libertad que tienen los ciudadanos de los países privilegiados para moverse por el mundo. No quiero teorizar en demasía sobre la culpabilidad directa en estas migraciones de los propios estados europeos que expolian los recursos para mantener los privilegios colonialistas. Ya sabemos que las fronteras existen para evitar el paso de los seres humanos a los que se despoja en su lugar de origen de las materias primas, las cuales sí, tienen libre tránsito.
El segundo paso, tras deshumanizar a los migrantes, es justificar la actuación desproporcionada de las fuerzas de choque con lemas vacíos pero que apelan al miedo de aquellos que necesitan emblemas o estructuras simplistas para comprender el mundo. Un marco en el cual la guardia civil actúa en legítima defensa y está ahí para protegerte directamente con actuaciones criminales como esta es digerido gracias a una propaganda constante a la población civil. No se pone en tela de juicio que los defensores del orden y la ley, en este caso, pueden saltársela si enfrente tienen a no-personas bajo la mirada de las políticas europeas. El gobierno español no tardó en mostrar su completo apoyo a la guardia civil, llegando a calificar la actuación de ejemplar. Algo que también ocurriría en Melilla años más tarde y con otro gobierno al mando, uno que se dice de izquierdas y en política migratoria es un calco del anterior e incluso le supera. En 2014, el ministro del interior por el PP, Jorge Fernández Díaz, llegó a negar en primera instancia que la guardia civil utilizase material antidisturbios. No fue el único en hacerlo en aquellos primeros días, entre otros así lo afirmó Arsenio Fernández de Mesa, director general de la guardia civil.
Ante las pruebas irrefutables, el propio ministro o los representantes de la guardia civil tuvieron que admitir que habían disparado hasta 145 balas de goma y 15 botes de humo, aunque remarcando que los disparos fueron al agua y nunca a las personas. Supervivientes de aquel infierno relataron que los disparos alcanzaron a varios de los fallecidos, lo que presuntamente provocó su muerte. Tras la negación de la barbarie llega el silenciamiento de las voces disidentes. En aquellos días solo en medios contrahegemónicos se pudo escuchar la versión de los migrantes, los cuales hablaron en francés o inglés desde el propio lugar de los hechos. En este punto, tanto el ministro del interior, como el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, siguieron mostrando su apoyo a los agentes, los cuales según palabras textuales, lo estarían pasando muy mal, al igual que sus familias, en aquellos días ante las acusaciones recibidas. Seguro que el drama de los agentes respaldados por todo el organigrama estatal era mayor que el de las familias de los asesinados sin nombre o los heridos que se contaban por decenas. El colectivo Caminando Fronteras recogió declaraciones de las familias desde Camerún, alguna de las cuales no ha podido visitar la tumba de sus seres queridos. Al estar enterrados en territorio ceutí el gobierno español les deniega la visita por miedo a que no regresen a su país de origen.
«Hablo con mucho dolor y pena. Han sido diez años difíciles. La forma en la que murieron, cómo el gobierno disparó contra ellos, hace que el dolor sea aún más fuerte. En nombre de la familia de Daouda quiero que sepáis lo doloroso que es vivir sin él. Cada año conmemoramos esta fecha todas las familias de las víctimas unidas».
«Desde la desaparición de mi hijo, Bilong, toda mi familia y yo estamos destrozados, porque mi hijo debería ser el jefe de la familia y mira lo que ha pasado. Su desaparición ha hecho mucho daño a su madre, que cayó tan enferma y acabó muriendo. Su abuela también murió y yo, su padre, estoy enfermo desde aquel día. Por eso, pido al tribunal español que haga justicia y repare el daño causado a nuestra familia».
A su vez, las familias denunciaron que alguno de los fallecidos ha sido enterrado a la forma blanca y europea. En Camerún, ante el silencio y ostracismo al que fueron relegadas las víctimas, se creó la Asociación de Familias Víctimas del Tarajal.
En el repaso de escalafones que protegen la opresión estatal llegaría después el de una judicatura que salvaguarda al brazo ejecutor cuando este se excede como en el caso que hoy acercamos. Así, la jueza María del Carmen Serván, terminó decretando el sobreseimiento del caso, aunque hubiera pruebas grabadas o testimonios de testigos directos, tanto en un lado de la valla como en el otro. Testigos que no fueron llamados a testificar, ni tan siquiera en las reaperturas del proceso. En una de ellas la acusación particular, compuesta por varias organizaciones, tenía acordada la declaración por videoconferencia de dos testigos, pero a última hora su testimonio fue denegado porque no tenían permiso de residencia del estado español. Prueba de que tu palabra solo vale si el estado te reconoce como persona. Es un sistema macabro, se mire por donde se mire. En la sentencia exculpatoria la jueza llegó a apuntar que emplearon el material antidisturbios «con efecto disuasorio» y afirmó que «no existe ningún indicio que permita afirmar que los agentes imputados hicieron un uso inadecuado del material». A su vez, consideraba que los cuerpos que aparecieron días después en Ceuta podían no corresponderse con los incidentes del 6 de febrero en aguas fronterizas, puesto que siguieron llegando cuerpos a la costa de ambos países durante toda la semana siguiente.
Por otra parte, no deja de sorprender la justificación de los propios guardias de algo así. En el documental Tarajal: Desmontando la impunidad en la frontera sur, un representante del cuerpo habla de que hicieran lo que hicieran serían juzgados, puesto que tienen que cumplir la ley. En otras palabras está diciendo que es preferible poner en riesgo o asesinar a personas antes que desobedecer una orden de un superior o las políticas de frontera españolas. Puestos a ser juzgados les sale más a cuenta y en vista a los acontecimientos, así es. Aún con todo, incluso bajo el marco estatista de creencias, esta actuación fue desmedida ya que perjudicaba la propaganda necesaria por la que se lucran los beneficiarios del estado. El sistema jerárquico aprendido por los agentes pudo tener mucho que ver en esta actuación. Varios guardias confirmaron que, aunque no hubo orden expresa de disparar, como el capitán jefe de la compañía rural de Ceuta lo hizo en primera instancia, les pareció lógico hacerlo.
Hay que apuntar que el uso de material antidisturbios en el agua no tenía un marco legal que justificase su utilización. Además, los agentes vulneraron la ley ese mismo día con las devoluciones en caliente que, por cierto, se siguen realizando a día de hoy. El estado se justificó en el caso del Tarajal tratando de desvirtuar los hechos hablando de rechazo, es decir, en su versión, los migrantes no llegaron a entrar en tierras españolas, cuando hay imágenes y testigos que demuestran lo contrario. Es importante apuntar que una persona que consigue entrar a territorio español debe recibir apoyo legal, sanitario y la activación de unos protocolos que estudien su posible condición de refugiado. La versión oficial llegó a la farsa de apuntar que las muertes se habían producido en suelo marroquí, algo que las imágenes y los audios de la propia guardia civil desmintieron. En uno de estos audios se escucha decir a un miembro de las fuerzas del estado que les habían superado, es decir que ya estaban en aguas españolas. Lo impactante del archivo es que se refirieren a ellos como “morenos”, prueba concluyente del racismo intrínseco del cuerpo.
En otro audio, se puede escuchar a los guardias viendo dos cadáveres en el espigón y la contestación de un superior que les dice que los cuerpos están en Marruecos y que, por tanto, no es de su incumbencia.
Tras la matanza, que por supuesto de cara al estado se trató de un accidente provocado por los propios migrantes, los supervivientes se reunieron en la costa de Castillejos. Allí se congregaron decenas de personas para rescatar los cuerpos o socorrer a sus compañeros. Recordemos que la guardia civil no había avisado ni a Protección Civil, ni a la Cruz Roja, ni a Salvamento Marítimo. Mientras los primeros rayos de sol despuntaban al alba, la magnitud de lo ocurrido sorprendía a aquellos que no habían saltado al agua. La rabia se apoderó de algunas personas ante la violencia provocada por la guardia civil. Impotentes ante lo que acaba de suceder lanzaron piedras a la verja. La guardia civil grabó esta muestra de rabia y en los días posteriores publicó en redes sociales un vídeo recortado en el que alteraba el orden de los acontecimientos. Al colocar imágenes de personas lanzando piedras, justificaban ante la opinión pública su respuesta desproporcionada. El montaje es tan burdo que no tienen en cuenta que las piedras se lanzaron con la claridad propia de la mañana, mientras que el intento de traspasar la frontera se produjo todavía de noche. El ministro del interior también declaró en esta línea, pero cuando se supo la realidad, su falacia inicial no tuvo consecuencias.
A los días, la propia guardia civil tuvo que reconocer que había editado las imágenes. El daño estaba hecho, pero ya se sabe que la mentira primigenia tiene las patas más largas que la verdad posterior.
Tras la matanza, Amnistía Internacional denunció, además de los crímenes, que cuatro de los muertos no habían sido identificados, que no se tomó declaración a dos de los supervivientes o que no se hizo la autopsia a diez de las personas fallecidas. Autopsias que podrían demostrar el impacto de balas de goma denunciado por los supervivientes. En los últimos años dos de ellos han denunciado al estado español ante el comité contra la tortura de la ONU. Brice O. perdió la visión de un ojo debido al impacto que recibió aquel día mientras trataba de pasar a nado. El otro denunciante Ludovico N., que en el momento de los hechos tenía 15 años, señaló el lanzamiento de gas lacrimógeno. Caso significativo este ya que demuestra que la protección de la infancia les importa un bledo si no es blanca y europea. Brice O. en su denuncia señaló a su vez la falsedad con respecto a la cifra oficial de muertos.
«Claramente hubo más muertos de los que se habla. Están los que nunca fueron identificados, los amigos que estaban con nosotros al inicio de ese mismo día y que nunca volvimos a ver. También están las mujeres y los niños que estaban en el grupo al principio, y que después no vimos por ninguna parte, ni en la playa ni en los hospitales».
Y es que la ley en Ceuta y Melilla no es igual que en el resto del territorio o, al menos, así lo declaró en su día el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Declaraciones que no hacen más que confirmar la política europea con respecto a las fronteras, la Europa fortaleza ha seguido creciendo desde entonces con la creación de cuerpos como frontex que buscan blindar al viejo continente para mantener unos privilegios en base al desangramiento del planeta. Solo con estas políticas y la normalización consiguiente en discursos y prensa se ha llegado aceptar que miles de personas hayan muerto en el mediterráneo en los últimos años. Un número de muertes civiles que si fuera similar, pero en este caso blancas y europeas se trataría con la magnitud que merece, pero que al ser de personas sin nombre, silenciadas, marginadas y racializadas, no se pone en perspectiva. Como decía aquel, que suerte hay que tener al nacer.
Desde aquella tragedia, todos los 6 de febrero una marcha por las calles de Ceuta recuerda lo que sucedió en la frontera. Aunque, como bien sabemos, las políticas no han hecho más que recrudecerse, y sino recordemos lo que ocurrió en la valla de Melilla en 2022. En ella hubo más muertes oficiales que en Tarajal con la responsabilidad directa del gobierno más progresista de la historia con Marlaska y Pedro Sánchez a la cabeza. Gobierne quien gobierne, los derechos humanos en la frontera, no se defienden.
Para cerrar la pieza me gustaría recomendar el film, Yo capitán que explica el drama que supone tratar de llegar a Europa y los pasos que sufre un migrante en caso de conseguirlo. A su vez es de obligado visionado el documental Tarajal: Desmontando la impunidad en la frontera sur, el cual encontraréis fácilmente en internet.
Eterno recuerdo a Roger Chimi, Larios Fotio, Ousman Kenzo, Armand Ferdinand Sougo, Bikai Luc Firmin, Samba Baye, Youssouf, Keita Ibrahim, Yves Martin Bilong, Jeannot Flame, Oumar Ben Sanda, Blaise, Daouda Dakole y a todos los que no han podido ser identificados por la inacción de sus propios verdugos.
Andrés Cabrera, militante de Impulso.
